Jueces progresistas españoles denuncian fraude electoral en Honduras

Madrid

La asociación progresista española ha salido al paso de las recientes elecciones celebradas en Honduras para criticar que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras ha proclamado como presidente electo al candidato nacionalista Juan Orlando Hernández. Una decisión señalan que “este tribunal, controlado por el propio candidato, consuma un nuevo golpe de Estado al intentar legitimar un resultado producto del fraude institucional y la manipulación informática en el recuento de los votos.

La asociación española asegura en un comunicado:

 1) Ha existido en las elecciones a Presidente de la República de Honduras un fraude electoral de grandes dimensiones.

Esto invalida el resultado proclamado por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y aconseja la repetición de las elecciones. Se da la circunstancia además de que quien ha sido proclamado Presidente tenía una prohibición constitucional para repetir como candidato.

La Misión de Observación Electoral en Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha denunciado irregularidades y fraude en el proceso electoral y solicita que se repitan las elecciones con garantías.

El apagón del sistema informático del recuento de votos, escrutadas casi el 60% de las papeletas, cuando el candidato opositor mantenía una ventaja de cinco puntos sobre el oficialista y su reanudación posterior dando ya una ventaja inversa de un punto, provocó la indignación de una ciudadanía acostumbrada al ejercicio despótico del poder, por unas autoridades que se identifican en el golpe de Estado de junio de 2009.

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El proceso de recuento de papeletas estuvo plagado de irregularidades y deficiencias, entre las que destacan las intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, la eliminación deliberada de rastros digitales, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto de los niveles de participación dentro del mismo departamento y papeletas de voto de reciente impresión, según el informe de la Misión de Observación Electoral en Honduras de la OEA. Por todo esto solicita la repetición de las mismas, en el marco del más estricto respeto al Estado de Derecho y con las garantías de un Tribunal Electoral que goce de capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía.

2) Denunciamos la represión desproporcionada y violenta contra los actos de protesta social.

La evidencia de la manipulación electoral desencadenó importantes protestas y movilizaciones ciudadanas contra un Presidente que no podía optar a la reelección, quien decretó el estado de excepción y la suspensión de las garantías constitucionales, reprimiendo las manifestaciones con una violencia extrema, que según los últimos datos ha causado al menos la muerte de dieciocho personas.

El proceso fraudulento del recuento de votos ha vuelto a sumergir a Honduras en una situación de violencia extrema y ha provocado una nueva ruptura de la ya débil institucionalidad hondureña. 

3) Manifestamos nuestro apoyo a la recuperación de la democracia y del Estado de Derecho en Honduras y nuestra solidaridad con las víctimas de la impunidad, y con los jueces y juezas que no pueden ejercer su función de control de forma independiente.

Honduras es un país centroamericano con importantes recursos naturales pero con una institucionalidad débil, consecuencia del golpe cívico-militar que en junio de 2009 derrocó a un Gobierno legítimo. La situación de impunidad en la que vive el país supone un peligro para los derechos humanos más elementales, incluso el derecho a la vida como se ha visto con los manifestantes fallecidos en los actos de protesta. Pareciera que el Estado tiene bula para utilizar la violencia contra la disidencia y la protesta social en un país que es invisibilizado de las noticias importantes, a pesar de la gravedad de las violaciones de los derechos humanos que se producen.

Consideramos fundamental dar visibilidad a la situación de un país donde se han asesinado 65 periodistas en los últimos siete años, en el que se asesina impunemente a dirigentes sociales, entre ellos la conocida dirigente medioambientalista Berta Cáceres y en el que no se ha investigado ningún caso de las numerosas desapariciones forzadas. Un Estado que destituye a los jueces comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho y que no ejecuta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a su reincorporación y que sufre unos niveles de violencia insoportables.