Tercera línea de investigación del Tribunal de Cuentas al Procés

La Comisión Mixta del Congreso y el Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha dado el visto bueno a que este órgano fiscalice los recursos destinados por la Generalitat durante los años 2011 a 2017 a través de las denominadas embajadas catalanas y el Diplocat.

Lo ha hecho con los votos a favor del PSOE, C´s y a propuesta del Partido Popular. La iniciativa ha sido defendida por el portavoz del PP, el diputado Jordi Roca, ante la negativa de la Generalitat a rendir cuentas en el Parlament sobre su acción exterior para que el organismo fiscalizador “arroje algo de luz”.

Roca ha defendido el derecho de los catalanes a que se “reduzcan duplicidades” y las administraciones catalanas “se dediquen a lo que se tiene que dedicar”. Además, ha criticado a “los que llevan gobernando cuarenta años la Generalitat y se llenan la boca con el supremacismo de que son muy buenos exportando, decirles que el 94% de las empresas que más exportan en Cataluña ya lo hacían en 1980” arremetiendo contra los gobiernos convergentes de las últimas décadas.

Con esta fiscalización el Tribunal de Cuentas suma otra vía a las iniciadas en los últimos dos años vinculadas al gasto público de la Generalitat para promocionar el proceso independentista. La primera fue la fiscalización de los fondos públicos que el gobierno de Artur Mas destinó a la consulta del 9-N en 2014 y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cifró en torno a 5,4 millones de euros.

Hacienda también ha pedido este año al organismo auditar los gastos del Govern de Puigdemont en el referéndum del 1-O por si se hubiera incurrido en irregularidades contables. Y ahora las Cortes obligan al organismo a hacer lo propio con los recursos de la Generalitat en el extranjero por si se destinaron partidas del erario público al procès.