La Fiscalía Anticorrupción pide el traslado del caso 3% a la Audiencia Nacional

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que la investigación de las presuntas comisiones ilegales del 3% pagadas por constructoras a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de concesiones de obra pública sea asumida por la Audiencia Nacional, por “la existencia de un elevado número de procedimientos de contratación que se habrían realizado de forma fraudulenta, relacionados con licitaciones y adjudicaciones de obra pública de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder del partido político Convergencia Democrática de Cataluña (“CDC”) y de la “Fundación CatDem”.

Este juzgado investiga a varios ex cargos del partido, entre ellos el exdiputado en el Parlament y ex conseller, Germà Gordó, cuya causa por un presunto delito de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Según la Fiscalía “el administrador y tesorero llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, controlando los pagos encubiertos que las empresas contratistas entregaban finalmente a “CDC” bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: “CatDem” y “Forum Barcelona”.

El escrito del fiscal, relata además que “la perfección de tales conductas, y a los provisionales efectos que determina esta fase procesal, podrían haberse cometido varios delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales y financiación ilegal de un partido político, concurriendo respecto de los delitos de malversación (artículo 432 y siguientes del Código Penal) y fraude contra la Administración Pública (artículo 436 del Código Penal), los requisitos de competencia de la Audiencia Nacional de conformidad con la interpretación que la Sala Segunda del Tribunal Supremo viene haciendo de los conceptos de “defraudaciones”, “grave repercusión” en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional y afectación a una “generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

El juez de El Vendrell investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de CDC a cambio de concesiones en varios ayuntamientos catalanes desde que se destaparon presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), con el ex alcalde Daniel Masagué (CiU) y en concreto en la construcción aparcamiento en la calle Filadors adjudicado a la constructora Teyco. También se investiga a los dos extesoreros convergentes Andreu Viloca y Daniel Osàcar, este último condenado por el caso Palau.

Los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo señalaron cinco casos en los que Gordó supuestamente medió decisivamente para que ciertos empresarios lograran adjudicaciones: obras del Consorcio de Educación, trabajos en un dique en el Puerto de Barcelona, la mejora de la carretera C-55, la plaza de las Glòries de la capital catalana y en un instituto de Manresa (Barcelona).