La justicia tumba seis veces los intentos de Ribera Salud de mantener la privatización
La conselleria de Sanidad decidió no prorrogarle el contrato, que termina el próximo uno de abril
Cadena Ser
Madrid
Faltan seis semanas para la reversión a la sanidad pública de todo el complejo del hospital de Alzira en Valencia, el símbolo de la privatización sanitaria del Partido Popular. A pesar de los intentos de la empresa Ribera Salud para impedir el proceso emprendido por la Generalitat ante la justicia, hasta un total de seis resoluciones judiciales han tumbado su intención de paralizar la desprivatización.
Más información
Desde el minuto uno, Ribera Salud puso en marcha una ofensiva judicial contra la decisión de la conselleria de Sanidad de no prorrogarle el contrato, que termina el próximo uno de abril. Contrato que le ha permitido gestionar el hospital de Alzira y los centros de salud durante dos décadas y atender a unas 250 mil personas en esa comarca.
Ribera Salud ha llegado a presentar más de 50 procedimientos judiciales
La estrategia de la empresa incluyó también recursos contra las normas de reversión. De hecho han llegado a presentar más de 50 procedimientos judiciales. Pues bien, en el último año los tribunales han dictado hasta seis resoluciones y autos desestimando todas las medidas solicitadas por Ribera Salud para suspender el proceso.
En algunas de esas seis resoluciones, la justicia rechaza que la pretensión de la empresa beneficie al interés público y considera que "no se aprecia que deba prevalecer el interés de la parte actora frente al interés general". También responde a Ribera Salud que "no se producen perjuicios de imposible o difícil reparación, ni se acredita la pérdida de puestos de trabajo o el desmantelamiento de la estructura organizativa del centro".
Una inversión de 5,7 millones de euros para atención primaria y especializada
La consellera Carmen Montón destaca que los tribunales les han dado la razón y que este proceso demuestra que las privatizaciones no son para siempre. Señala que desde el principio se ha seguido un procedimiento planificado, ordenado y transparente que garantiza el mantenimiento de la cartera de servicios y de los puestos de trabajo.
"Además está prevista durante el primer año una inversión de 5,7 millones de euros para atención primaria y especializada. Esto es posible porque al pasar a gestión pública directa desaparece el beneficio empresarial y estos fondos se pueden reinvertir en el sistema sanitario público", explica Montón.
Montón añade que, en esta fase final, están realizando reuniones con los trabajadores para planificar la asistencia sanitaria y se están preparando licitaciones de servicios como el de la lavandería, mantenimiento o limpieza. También se está habilitando el aparcamiento para que sea público y gratuito.
