Política
Valle de los Caídos

El Gobierno veta la ley del PSOE para exhumar fosas y sacar a Franco del Valle de los Caídos

El Ejecutivo aduce que la iniciativa supondría un aumento de 213 euros millones en el gasto presupuestario. Los socialistas piden a Cs que demuestre su voluntad de desbloqueo y no apoye el veto del PP en la Mesa del Congreso

Imagen del Valle de los Caídos.(Getty Images)

Madrid

El Gobierno, y ya van cincuenta vetos en esta legislatura, ha bloqueado la reforma de la ley de Memoria Histórica impulsada por el PSOE amparándose en su capacidad de veto presupuestario. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha cuantificado en 213 millones de euros el coste que supondría la puesta en marcha de medidas incluidas en esa iniciativa legislativa, como la exhumación de las cerca 100.000 personas que se calcula que aún siguen enterradas en cunetas y fosas comunes, la creación de un banco de ADN para facilitar las identificaciones o la nulidad de las sentencias del franquismo, abriendo así la vía para la reparación patrimonial de las víctimas de aquellos juicios.

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El PSOE ha criticado la decisión del Gobierno y ha mirado hacia Ciudadanos al que emplaza a no apoyar ese veto en la Mesa del Congreso, demostrando así que su voluntad de desbloqueo parlamentario es real y no un mero cálculo tacticista. "Vetar esa ley es impedir un debate para pasar página de una vez de la represión franquista en España y asegurar la adecuada reparación a miles de personas que lo merece", ha denunciado la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles.

En su proposición de ley, los socialistas plantean también el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una decisión que ya ha sido aprobada por el Congreso pero que el Gobierno sigue sin ejecutar al no tratarse de un mandato legislativo sino de una proposición no de ley. El PSOE quiere que los restos del dictador sean entregados a su familia y que el Valle de los Caídos deje de tener la condición de un mausoleo de exaltación del franquismo para su transformación en un centro de interpretación histórica de la memoria, con un contenido didáctico.

Capítulo sancionador

La iniciativa recoge además, por primera vez, un capítulo sancionador para castigar a aquellas administraciones públicas que no retiren los símbolos franquistas de calles, plazas y espacios públicos, así como la puesta en marcha de un banco de ADN para facilitar la identificación de las víctimas enterradas en fosas comunes, habida cuenta de que muchos de sus descendientes directos son ya de edad avanzada.

Los socialistas proponen además que el Congreso ponga en marcha una Comisión de la Verdad, integrada por expertos, que investigue los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura y emita un informe oficial sobre lo acontecido en España entre 1936 y 1975.

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