La Generalitat intervenida reclama a Artur Mas los 5,2 millones de la consulta del 9-N
La Generalitat, las acusaciones populares y el Abogado del Estado formalizan en el Tribunal de Cuentas las demandas contra el expresidente Artur Mas y sus exconsejeros por el uso de fondos públicos en la consulta del 9-N
La Fiscalía podrá sumarse a la demanda de la Generalitat o presentar sus alegaciones en el plazo de veinte días
El expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas. / SEBASTIEN COURDJI (EFE)
Madrid
La Generalitat intervenida tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha asumido la demanda contra el equipo de Gobierno del expresidente catalán, Artur Mas, por “responsabilidad contable directa y solidaria” y le reclama 5,2 millones de euros por la consulta del 9-N, la cuantía que el organismo fiscalizador estimó que el ejecutivo de Artur Mas había gastado indebidamente con fondos públicos en la organización y ejecución de la consulta independentista de 2014.
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El Gabinete jurídico de la Generalitat detalla en el escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, los gastos presuntamente irregulares utilizados en el material de la votación, el transporte de papeletas, la web institucional, la adquisición de ordenadores para las mesas de votación y centros públicos, la campaña publicitaria, pólizas de seguros, apoyo informático y buzoneo, entre otros.
La demanda asume las conclusiones del Acta de Liquidación provisional de la Delegada instructora, María de los Llanos, donde señala que los gastos “se habrían realizado sin tener justificación” al tener dos órdenes de suspensión por el Tribunal Constitucional, en septiembre y noviembre de 2014.
La acusación de la Generalitat recae sobre Artur Mas y tres exconsejeros, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, al frente de Gobernación, Educación y Presidencia, respectivamente, por su responsabilidad “directa y contable” al haber “inducido a ejecutar o cooperado en la comisión de los hechos”. Además, acusa a otros cinco exaltos cargos de la administración catalana, Jordi Vilajoana, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jaume Domingo y Lluís Beltrán, como colaboradores en "la salida de fondos" públicos.
Por ello, reclama el total de 4,8 millones de euros recogidos en el acta de liquidación del tribunal, y 420.000 euros de intereses. En cuanto a los daños a la hacienda catalana, recoge y asume el desglose de la Delegada Instructora en cuanto a las empresas, trabajos, coberturas y organismos que ejecutaron la consulta. La reclamación asciende a los 5,2 millones de euros, más el pago de las costas del procedimiento.
Las acusaciones populares representadas por Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes reclaman también el presunto agujero al erario público en la consulta del 9-N en los mismos términos de la fase previa.
Artur Mas y los exmiembros de su ejecutivo ya fueron embargados por esa cantidad por el Tribunal de Cuentas en la fase de diligencias previas. Ahora, el ministerio público tiene 20 días para presentar su escrito o adherirse a los que se han presentado.
Se abre también el plazo para que las partes presenten alegaciones. Según los abogados de la defensa consultados por la Cadena SER, los argumentos serán los mismos que en la fase previa ya que las demandas no aportan datos nuevos respecto al acta de liquidación. Entienden que no hay responsabilidad contable directa o solidaria y en el caso de la partida de ordenadores (2,8 millones de euros) mantienen que continúan en la Generalitat y por tanto no ha habido perjuicio.
