El Supremo estudiará la condena de Artur Mas por la consulta del 9-N dentro de un mes
Los magistrados Luciano Varela, Alberto Jorge, Antonio del Moral, Andrés del Arco y Vicente Magro celebrarán una vista el próximo 25 de abril en la que la representación del expresident y de las exconselleras Ortega e Rigau solicitarán la absolución
Madrid
El Tribunal Supremo revisará dentro de un mes la condena de dos años de inhabilitación del expresident catalán Artur Mas por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. El alto tribunal ha fijado para el próximo miércoles 25 de abril la vista para que las defensas de Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega soliciten la absolución.
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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunta (TSJC) condenó a Artur Mas a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 36.000 euros por un delito de desobediencia: la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, fue condenada a un año y nueve meses y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, a un año y medio por el mismo delito aunque en calida de cooperadoras necesarias.
Los tres fueron acusados de organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 en la que, según los datos de la propia Generalitat, votaron más de dos millones de personas con un resultado del 80,7% favorable a la independencia de Catalunya.
La Fiscalía no recurrió la sentencia condenatoria y se conformó con la inhabilitación dictada por el TSJC, y posteriormente impugnó los recursos interpuestos por los tres condenados. La sentencia será revisada por los magistrados Alberto Jorge, Andrés del Arco, Antonio del Moral y Vicente Magro con la ponencia de Luciano Varela.
Homs, condenado
No será la primera vez en que el Tribunal Supremo acoja una vista en torno a esta consulta: hace un año el mismo alto tribunal decidió inhabilitar durante más de un año al exconseller Francesc Homs por la organización de esta misma consulta soberanista.
La sentencia del TSJC les condenó por desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional que en varias ocasiones prohibieron la consulta, pero les absolvió del delito de prevaricación del que también venían acusados. Además de esta causa, Artur Mas se enfrenta a una petición de 5,2 millones de euros por el Tribunal de Cuentas y a la imputación por el referéndum ilegal del 1-O, aunque se ha quedado fuera del auto de procesamiento.