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Viernes, 23 de Agosto de 2019

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ENTREVISTA ENTREVISTA Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska: "Hay preocupación social por la seguridad en Barcelona"

La juez rechaza la querella de Cristina Cifuentes contra Granados

  • La magistrada rebate todos los argumentos de la ex presidenta madrileña y concluye que Francisco Granados no incurrió en los delitos contra la integridad moral, injurias o calumnias denunciados por Cifuentes por desvelar su relación sentimental con el expresidente Ignacio González, ni por relacionarla con la financiación ilegal del PP
  • La juez añade que como persona pública, Cristina Cifuentes debe asumir ciertos comentarios pues "prima la libertad de información", para "no correr el riesgo de que el derecho penal sea un factor de disuasión de la libertad de expresión”

Fotografía de archivo, tomada el pasado 25 de abril de 2018, de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que ha presentado su renuncia irrevocable como presidenta del PP de Madrid / ()

La juez María Isabel Durantez dice que Francisco Granados no cometió un delito contra la integridad moral de Cristina Cifuentes por airear su relación sentimental con el expresidente Ignacio González, porque la simple revelación de ese hecho carece de la gravedad necesaria, requerida por la jurisprudencia, para que sea contemplado ese delito.

Granados tampoco incurrió en injurias y calumnias por desvelar la supuesta vinculación de Cifuentes con la financiación ilegal del Partido Popular, porque se limitó a reproducir en los medios de comunicación unas afirmaciones realizadas ante una institución, la Audiencia Nacional, con el objetivo de que los hechos fueran investigados. En ese caso, nunca pueden considerarse injuriosas o calumniosas unas manifestaciones, asevera la juez en su auto de 17 páginas al que ha tenido acceso la Cadena SER.

Además, la juez recuerda a Cifuentes que es una persona pública, y que por ello "prima el derecho a la libertad de información". Así "lo requiere el pluralismo político", dice la juez, "para no correr el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión de la libertad de expresión".

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