El Tribunal de Cuentas abre procedimiento sancionador a los partidos con irregularidades en las campañas de 2014 y 2015

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado en el pleno celebrado hoy abrir procedimiento para sancionar a Ciudadanos, PNV, Amaiur y otras cinco formaciones por las irregularidades detectadas en la contabilidad de los ejercicios 2014 y 2015.

En el caso de IU, Convergència, UPyD, Unió Democrática de Catalunya, Amaiur y Bildu el organismo les abre expediente por la vulnerabilidad del sistema de auditoría y control interno utilizado. A Convergència, IU y Unió lo abre también por sobrepasar el límite y los requisitos en las donaciones vulnerando la Ley de Financiación de Partidos en 2014 y en ambos ejercicios en el caso de Unió.

En el caso del PNV, el foco está puesto en las actividades de carácter mercantil en 2015; y UPyD por su falta de colaboración con el tribunal en el año 2015.

En el caso de Ciudadanos, el organismo fiscalizador también analizará todos los gastos del partido en el año 2015.

Ciudadanos, suspenso en 2015

La formación de Albert Rivera fue el partido que más irregularidades acumuló en sendos ejercicios, fundamentalmente en el pago de facturas, tanto en los comicios de diciembre de 2015 como en los de junio del mismo año. En estas últimas elecciones, el tribunal emitió "opinión desfavorable" y no aprobó las cuentas debido a la "importancia de las salvedades puestas de manifiesto". Entre las más graves, Ciudadanos acumuló numerosas incorrecciones en la clasificación de su deuda y subvenciones y no incluyó un millón de euros en las cuentas (según la formación lo hizo al año siguiente).

En el caso de las donaciones en especie de terceras personas, Ciudadanos facturó 14.371 euros bajo sospecha del tribunal. Unas facturas que emitió a nombre del partido y pueden vulnerar la Ley de Financiación de Partidos (LOFPP). La normativa prohibe aceptar que otros asuman los gastos de la actividad electoral del partido.

Pleno en marcha

Según ha informado el tribunal, ahora el Pleno designará un instructor del procedimiento que acordará la apertura de un periodo probatorio si así lo solicitara el partido o si, de oficio, lo considerase necesario. Transcurrido este periodo, y practicadas las actuaciones legalmente previstas, el instructor elevará al Pleno una propuesta de resolución para calificar las infracciones cometidas y proponer la sanción correspondiente, o, si considerara que no existe tal infracción, efectuará una propuesta de absolución.