Los trabajadores de Divalterra denuncian purgas y amenazas del presidente de la Diputación de Valencia

Madrid

Una denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado 28 de febrero por trabajadores de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia denominada anteriormente Imelsa, ha provocado, según admiten los investigadores a la Cadena SER, la operación que la semana pasada se saldó con la detención del presidente socialista de la Diputación, Jorge Rodríguez; su jefe de gabinete, Ricardo Gallego; el asesor Manuel Reguart; el asesor jurídico Jorge Cuerda; y los co-gerentes de la empresa pública Divalterra, Xavier Simón y Agustina Brines. Todos permanecen imputados en el juzgado número 9 de Valencia por prevaricación y malversación de caudales públicos.

La denuncia de los trabajadores de Divalterra, de 22 páginas y 57 puntos, describe cómo desde noviembre de 2016, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, auxiliado fundamentalmente por su asesor jurídico, Jorge Cuerda, y su jefe de gabinete, Ricardo Gallego, llevan a cabo una campaña de "acoso organizado" acompañada de "órdenes de despido, insultos, falsedades, vejaciones públicas, atentados al honor y a la ideología, y amenazas continuas".

Según los denunciantes, esa campaña se produce por el intento de Jorge Rodríguez y su equipo de legalizar siete contrataciones como cargos de alta dirección, repartidas entre tres puestos para el PSOE y cuatro para Compromís, y contra los empleados públicos que basándonse en una auditoría interna y hasta en 12 informes, alertaban de que estas colocaciones a dedo incumplían la ley, contravenían los principios de austeridad, eficiencia y transparencia, y suponían una malversación de caudales públicos superior a los dos millones de euros. La denuncia no lo contempla pero Anticorrupción también investiga la legalidad de diversas contrataciones de obras y servicios.

El presidente de la Diputación: "Voy a despedirlos a todos"

Según la denuncia, el primer enfrentamiento serio y directo con el presidente Jorge Rodríguez se produce en la reunión del consejo de administración de Divalterra de 15 de noviembre de 2016, después de que varios trabajadores advirtieron de "actuaciones irregulares en el uso de fondos públicos" por parte del exgerente Víctor Sahuquillo. En ese momento, el jefe de gabinete del presidente, Ricardo Gallego, amenazó con despedir "al payaso e hijo de puta del auditor y a todos los demás directores" que evidenciaron las irregularidades en forma de contratos fraccionados y gin-tónics cargados al erario público.

Los insultos y gritos se repitieron y siempre tuvieron lugar en presencia del presidente Rodríguez, según la denuncia, quien afirmó que iba a "despedirlos a todos". Cuando tiene lugar esta situación ya hacía meses que esos mismos trabajadores habían cuestionado las siete contrataciones de altos cargos de libre designación. Los gerentes de Divalterra solicitaron su opinión después de que una auditoría de la sociedad pública alertase de su irregularidad.

Es a partir de esa reunión del consejo cuando entra en escena un personaje clave en esta dinámica según el texto: el asesor jurídico Jorge Cuerda, quien por decreto del presidente pasa a asistir al mismo en todos los asuntos relacionados con las empresas dependientes de la Diputación y en menos de un mes solicita despidos hasta en 6 ocasiones, ordena la elaboración de "informes falsos" para legalizar las contrataciones, "amenaza y hostiga de forma continuada" a los trabajadores y acaba sustituyendo al secretario del consejo de Divalterra que se negaba a incurrir en ilegalidades. Fue el presidente Jorge Rodríguez quien cesó al secretario y colocó a su mano derecha Jorge Cuerda en el puesto, alegando "falta de objetividad e imparcialidad".

"Disfrazar" la contratación de dos altos cargos del PSOE "como quiere el presidente"

La denuncia también detalla cómo el equipo del presidente, junto al gerente Xavier Simón, presionó a los empleados para intentar colocar a otros dos militantes del PSOE como cargos de alta dirección. Son de nuevo sobre todo Cuerda y Gallego, pero también Reguart y Simón quienes amenazan a los empleados afirmando que "siguiendo las instrucciones del presidente" había que colocar "sí o sí" a los dos cargos del partido socialista y advirtiendo de que iban a "tener problemas por no seguir las órdenes" de Rodríguez. Como no había crédito suficiente para las contrataciones, según la denuncia Simón pidió "disfrazar" las contrataciones porque era "un compromiso del presidente". Al negarse de nuevo los empleados, fue el propio Cuerda quien elaboró el "informe ad-hoc" para dar "apariencia de legalidad" a los contratos.

La Fiscalía Anticorrupción da verosimilitud a la denuncia de los trabajadores de Divalterra y de hecho, ya ha citado a declarar como testigos a varios empleados, que según fuentes de la investigación han corroborado lo manifestado por sus compañeros.

Los investigadores valoran la actitud de los trabajadores de Divalterra

Fuentes de la investigación consideran "inexplicable" el supuesto comportamiento ilícito del presidente provincial y su equipo, habida cuenta de que iniciaron su actividad irregular cuando todavía no se habían apagado los ecos del escándalo levantado en la misma empresa pública por el anterior presidente, el popular Alfonso Rus, y el 'yonki del dinero' Marcos Benavent. Las mismas fuentes diferencian "con claridad" la actuación de los cargos políticos y "sus colocados", frente al personal laboral y funcionario de Divalterra, que según estas fuentes ha obrado "persiguiendo la legalidad" y "en defensa" del erario público.

Jorge Rodríguez: "Jamás en mi vida he coaccionado a nadie"

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, quien niega las irregularidades denunciadas por los trabajadores de Divalterra. Sostiene que "jamás en mi vida he coaccionado a nadie" ni ha amenazado nunca con despedir a empleado alguno. Rodríguez afirma que puede haber incurrido en alguna irregularidad "de carácter administrativo" pero "nunca penal". El presidente provincial reconoce que cesó al presidente del consejo de administración de Divalterra porque "ya estaba en la época de Rus [Alfonso, el anterior presidente del PP]" y "nunca tuvo mi confianza".

Su entorno también niega las amenazas y extorsiones denunciadas. Recalcan que a pesar de lo aseverado por los trabajadores, no llegó a despedirse a nadie, porque uno de los supuestos damnificados acabó en otra empresa pública de la Diputación, y el secretario depuesto continuó trabajando en Divalterra con otras responsabilidades.