Condenas de hasta siete años de cárcel por los pelotazos del 'caso Pretoria'
La Audiencia Nacional impone siete años y un mes de cárcel al exdiputado del PSC, Luis Andrés García Suárez, casi seis años al exalcalde de Santa Coloma de Gramenet y casi dos años para dos exconsellers del Govern de Jordi Pujol
Madrid
La Audiencia Nacional ha impuesto condenas de hasta siete años de cárcel para los acusados del caso de corrupción conocido como 'Pretoria', que investigó varios pelotazos urbanísticos en las localidades catalanas de Santa Coloma de Gramenet, San Andreu de Llavaneras y Badalona. La sentencia declara probado que varios cargos públicos, tanto regionales como municipales, se beneficiaron del cobro de comisiones millonarias en estas operaciones urbanísticas entre 2002 y 2009.
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La condena más alta - de siete años, un mes y veintisiete días de prisión - es para el exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez "Luigi", por ser el enlace entre los empresarios y constructores y los políticos y cargos públicos que podían favorecerles en los procedimientos de adjudicación y construcción. Cobró comisiones, dice la sentencia, “tanto para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediarios que propiciaron la culminación de las diversas operaciones”.
Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, es condenado a 5 años, 8 meses y 28 días de presidio, con la sentencia del exconcejal Manuel Dobarco ascendiendo a los ocho años y medio de inhabilitación. Los dos exconsejeros de la Generalitat que dirigía entonces Jordi Pujol, Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, han sido condenados a un año, once meses y veintisiete días de prisión.
Tanto el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat como el exconseller de Economía, según la sentencia, intervinieron en estos pelotazos urbanísticos, intervinieron activamente en las operaciones de especulación urbanística y cobrando sus comisiones en territorios off shore.
Confesiones y comisiones
La sentencia de este caso de corrupción urbanística llega después de que varios implicados reconociesen los hechos: dos testaferros de la trama fueron los primeros en aceptar los cargos, lo hizo después el empresario Manuel Carrillo y finalmente fue el exconseller Alavedra.
Los jueces también acuerdan el comiso del botín de las operaciones urbanísticas, que roza los seis millones de euros, y también las dádivas y comisiones recibidas por los acusados: Bartomeu Muñoz(1.144.724,55 euros), Alavedra (3.243.103,28 euros) y Prenafeta (5.193.170,01 euros).
La sentencia condena también a Manuel Valera (2 años y 3 meses de cárcel), Josep Singlá (1 año, 10 meses y 15 días), Manuel Carrillo (12.480 euros de multa), Gloria Torres (6 meses), Phillip McMahan (6 meses) y María Lluisa Mas (6 meses de prisión). Todos los acusados acumulan multas que suman 35 millones de euros.