La Rey Juan Carlos cierra el Instituto de Derecho Público, epicentro del caso máster

Madrid

Por unanimidad el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha aprobado el informe de extinción jurídica del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, el principal imputado en el caso máster. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, concluye que "no hay mal que por bien no venga" y que todas las irregularidades detectadas han servido para propiciar una regeneración imparable que convertirá a la Rey Juan Carlos en un "referente de transparencia, de gestión etica y de responsabilidad social".

Elaborado por el profesor Pablo Acosta, nombrado por el rector Javier Ramos para la tarea de la liquidación del epicentro del escándalo, el dictamen informa de que el instituto ya no tiene ninguna actividad académica ni económica, que los títulos propios han sido asumidos por el correspondiente vicerrectorado y que todos los convenios suscritos con las empresas que impartían cursos han sido anulados porque eludían las normas de contratación pública o porque escapaban al ámbito de actuación del Instituto. 

Asegura que tras un proceso de "verificación" de estas titulaciones externas y con el "necesario control" se han expedido los diplomas a los alumnos matriculados afectados por esta anulación, la parte "mas débil de este difícil escenario" y que habían manifestado su preocupación ante la posibildad de que sus diplomas no fueran expedidos o no fueran reconocidas sus titulaciones.

Pablo Acosta señala que su principal prioridad ha sido la expedición de los diplomas que estaban en marcha y que puso "especial celo" en la verificación de tales titulaciones de gestión externa. En el informe afirma que en el expediente de cada titulación constan las habituales certificaciones de notas y que solicitó también una declaración jurada del representante legal de cada empresa en la que se hace constar que el curso ha sido impartido en las condiciones acordadas.

La página web del instituto ha sido clausurada y toda la "documentación que pudiera requerir consulta en el futuro ha sido convenientemente almacenada y los ordenadores han quedado a disposición de la policía judicial en el caso de que sean requeridos". Todo esto después de levantar acta de entrega y recepción de los archivos, mobiliario, efectos y dependencias del instituto, previo inventario de los mismos.

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Pablo Acosta termina su informe relatando que todo este proceso ha sido "extraordinariamente duro" para él y muy "doloroso" para la Rey Juan Carlos, no solo como institución sin también para los profesores y personal que trabaja en la universidad y para los alumnos y alumnas.