Radios y televisiones comerciales muestran su malestar con las enmiendas a la Ley de Propiedad Intelectual

Madrid

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que reúne a la práctica totalidad de las emisoras de radio comercial de nuestro país, entre otras, Cadena SER, Onda Cero, COPE, Radio MARCA o Kiss FM, etc. y la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), que agrupa actualmente a Mediaset, Atresmedia, Net TV (Grupo Vocento) Veo TV (Unidad Editorial), Secuoya, TRECE, Real Madrid Televisión y DKISS, manifiestan su inquietud y disconformidad por las enmiendas tramitadas por la Comisión de Cultura del Congreso en relación con el Proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Ambas asociaciones han mostrado su alarma por la inseguridad jurídica y los perjuicios que generan los cambios que se proponen al actual modelo y en los que se fortalece la posición de dominio de las entidades de gestión frente a los usuarios.

Lo que, en principio, no era más que perfeccionar técnicamente la transposición de una Directiva Europea ya realizada el pasado abril en el Real Decreto-Ley ley 2/2018, se convierte con estas enmiendas en una vuelta a los tiempos de los abusos de posición de dominio y en una nueva extensión a favor de las entidades de gestión (sobre todo para las de repertorio musical multinacional discográfico y editorial); rompe los equilibrios, olvida los precedentes tendentes a la equidad y a la proporcionalidad y provoca una nueva desarmonización legislativa de la legislación española con la UE.

Las enmiendas presentadas alteran los criterios fijados para las tarifas generales que aprueban las entidades de gestión y modifican la actual composición del organismo regulador independiente encargado de fijarlas en caso de conflictos, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI). De esta forma, esta Comisión pierde su capacidad de garantizar unas tarifas que eviten los abusos cometidos en el pasado por las entidades de gestión, comportamiento sancionado por las autoridades de competencia y el Tribunal Supremo.

Ambas asociaciones coinciden en que, sin haber dado el mínimo tiempo necesario para que el nuevo sistema se desarrolle y estabilice, en esta tramitación se incorporan cambios muy relevantes que debilitan el modelo y a su organismo regulador y lo que debería limitarse a un perfeccionamiento técnico de un Real Decreto Ley rompe los equilibrios conseguidos y olvida la doctrina y la jurisprudencia de las autoridades de competencia y los tribunales y se convierte en una modificación sustancial del modelo que favorece a las entidades de gestión en contra de todos los usuarios: radio y televisión pública y privada, prensa y demás medios de comunicación, empresas de distribución de contenidos y audiovisual, conciertos y festivales, universidades, hoteles, negocios en internet, restauración y a los productores y emprendedores de la industria cultural y creativa, tecnológica, de las telecomunicaciones, etc.