La Fiscalía pide 11 años para Trapero por ser "pieza clave en la rebelión secesionista"
La Fiscalía de la Audiencia Nacional sigue los pasos de la calificación por rebelión en el Tribunal Supremo
Madrid
La Fiscalía ha solicitado 11 años de cárcel contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero alegando que fue una "pieza clave" para "llevar a cabo el plan secesionista" catalán, al evitar que el Gobierno pudiera utilizar a los Mossos para impedir la desobediencia.
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El fiscal les considera “mandos subalternos” porque no lo hicieron, en calidad de jefes (lo que habría supuesto una pena de 15 a 25 años de cárcel) sino ejerciendo como un apoyo fundamental, lo que comporta penas de entre 10 y 15 años. Los fiscales les piden por ello 11 años de prisión y los mismos años de inhabilitación absoluta.
El Ministerio Público agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal que la Fiscalía sustituye ahora por uno de rebelión.
En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el exsecretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que pide 4 años de prisión.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal de este tribunal Pedro Rubira consideran que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de rebelión en su apartado referido a declarar la independencia de una parte del territorio nacional y también por "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno".
En el caso de Laplana consideran que incurrió en un delito de sedición, pero no como autora principal o como persona constituida en autoridad -lo que comportaría penas de hasta 15 años- sino dentro del apartado que recoge otros casos de participación en la sedición, que supone penas de entre 4 y 8 años.
En el escrito de acusación, los fiscales les responsabilizan de haber consentido la celebración del 1-O y también de no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017. Mientras que a Trapero, Soler y Puig les imputan los dos hechos, a Laplana solo le atribuyen responsabilidad en el asedio a la Conselleria.
Los fiscales creen que los encausados constituyeron en los meses de septiembre y octubre de 2017 "una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia". Según la Fiscalía, ellos lo hicieron "con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista ideado conjuntamente por los máximos responsables del Govern y del Parlament de la Generalitat así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independentistas".
"Los acusados -añaden-, vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución como norma fundamental del Estado, dieron cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas y las asociaciones independentistas para imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían y apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern de la Generalitat".
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
