Los 256 testigos de la Fiscalía: agentes, altos cargos del Estado y diputados

Madrid

El juicio del Tribunal Supremo contra el procés independentista promete ser un auténtico macrojuicio. La Fiscalía ha pedido al alto tribunal que acepte tomar declaración a un total de 256 testigos entre exaltos cargos de Gobierno y Govern, mandos policiales, agentes de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra y parlamentarios catalanes en actio: testigos relacionados con la organización del referéndum, los disturbios callejeros, los registros judiciales y la tramitación de leyes independentistas.

En el capítulo de los políticos, el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso la Cadena SER solicita la testifical de José María Espejo Saavedra (Ciudadanos), David Pérez Ibáñez (PSC) y Neus Munté (exconsejera de Presidencia con Carles Puigdemont). Los dos primeros formaban parte de la Mesa de la cámara catalana cuando se tramitaron las leyes de desconexión y la Fiscalía pide que testifiquen junto con el letrado mayor y el secretario general del Parlament de Catalunya.

Estos testigos tendrán que dar explicaciones sobre la tramitación parlamentaria de leyes por las que Carme Forcadell está acusada de rebelión y sus excompañeros de Mesa de desobediencia. La Fiscalía también solicita la declaración de cuatro altos cargos del ejecutivo central: Felipe Martínez Rico (subsecretario de Estado de Hacienda con Cristóbal Montoro), José Antonio Nieto (secretario de Estado de Seguridad con Juan Ignacio Zoido), Enric Millo (exdelegado de Gobierno) y Juan Antonio Puigserver (exsecretario general técnico de Interior, al frente de la consellería durante la aplicación del artículo 155).

Rico está llamado para contestar preguntas sobre el posible uso de fondos públicos de la Generalitat en la organización del referéndum ilegal, mientras que el resto lo harán sobre los dispositivos policiales que actuaron en los múltiples disturbios ocurridos hace un año por toda Catalunya. Junto con ellos comparecerá el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo de seguridad el día del referéndum y cuyas testificales en Supremo y Audiencia Nacional apuntalaron la acusación contra el exconseller Forn y el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Altos mandos de Mossos

La Fiscalía quiere que el Tribunal Supremo pueda someter a contradiccón las acusaciones de permisividad que hace contra los Mossos d'Esquadra y sus mandos con la violencia que cimenta su acusación de violencia: decenas de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil heridos durante las jornadas de disturbios, y que participaron en los registros, serán llamados a declarar junto conuna decena de altos mandos de la policía nacional  y autonómica. La Fiscalía está convencida de que el Govern de Puigdemont usó a los Mossos para seguir "exclusivamente sus instrucciones" y para "proteger coactivamente sus objetivos criminales". 

Entre ellos está Sebastián Trapote (jefe superior de Policía en Catalunya, recién jubilado), Ángel Gonzalo Pascual (exjefe de zona de la Guardia Civil), Manuel Castellví (comisario jefe de información de los Mossos), Emilio Quevedo (comisario jefe planificación de los Mossos), Cristina Manresa (comisaria de Mossos), Santiago Lubián (comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona) y dos mandos de la Guardia Civil que participaron en el operativo del 20 de septiembre.

Organización del 1-O

La lista de testigos de la Fiscalía, que supera las 250 peticiones, y alcanza también a la organización de la infraestructura del referéndum ilegal del 1 de octubre, la internacionalización del procés y sus bambalinas: Nuria Llorach (presidente en funciones del CCMA), Jaume Mestre Anguera (exresponsable de Difusión Institucional destituido), Amadeu Altajaf (Director de la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea), Albert Royo (representante del DiploCAT) y también varios observadores internacionales que participaron en el referéndum

Está por ver la lista de testigos propuestos por la Abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas, y cuáles acepta el Tribunal Supremo de cara al juicio.