Jueces para la Democracia exige a los políticos que renueven el Consejo Del Poder Judicial para no seguir dañando a la Justicia

Madrid

El mandato de cinco años de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su presidente, Carlos Lesmes, expira este martes y su renovación está en dique seco. Los vocales seguirán trabajando en funciones, pero la interinidad es una pésima compañía, según la asociación progresista de Jueces y Juezas para la Democracia. Según el comunicado que han difundido, apelan “a la responsabilidad institucional de los grupos parlamentarios a fin de que renueven lo más pronto posible el órgano de gobierno de la Judicatura para evitar su situación de interinidad y el consiguiente daño a la imagen de la Justicia”.

La asociación considera que “el frustrado proceso de renovación se ha caracterizado por su falta de transparencia y el control más absoluto de los principales partidos políticos” y animan “ a los y las vocales del CGPJ para que renuncien a su cargo y de ese modo facilitar la renovación de la institución”.

El Senado vota otra fórmula

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha mostrado en un encuentro con periodistas organizado por el Fórum Europa su ánimo para “volver a sentarse” y negociar de nuevo la renovación del CGPJ, sin embargo hoy mismo se constituye en el Senado la ponencia encargada de estudiar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde el PP aprobará (gracias a su mayoría absoluta) cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ para que los jueces designen a los vocales de extracción judicial (doce de los veinte). Una propuesta que luego llegará al Congreso.

Según la ministra, la enmienda del PP copia términos obsoletos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y puede interpretarse como una "cortina de humo" para tapar el "indigno" y "obsceno" mensaje de su portavoz en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, que defendió el pacto alcanzado con el PSOE alegando que permitiría controlar desde detrás la sala segunda del Tribunal Supremo.

Delgado ha defendido el actual sistema de elección por el Parlamento porque "no se trata de un mercadeo entre partidos ni de acuerdos turbios; se trata del cumplimiento de la Constitución".

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Además el modelo "corporativo" que defiende Ciudadanos y al que se sumado ahora el PP y defienden las asociaciones profesionales, solo sería defendible si sus competencias fueran "extralimitadas", centradas en cuestiones laborales, de ascensos, disciplinarias, etc. Pero el actual Consejo, ha subrayado la ministra, participa en áreas de política judicial y para ejercer esa función se necesita una legitimación que solo da el Parlamento, la sede de la soberanía popular.