La Justicia denuncia la opacidad de las entrevistas personales en las oposiciones a Policía Nacional

Madrid

Más de veinte sentencias del mismo tribunal denuncian la opacidad del sistema de entrevistas personales de las oposiciones a Policía Nacional en España. A lo largo del último año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Dirección General de Policía a admitir a más de veinte aspirantes que fueron declarados "no aptos" por su entrevista personal tras pasar las pruebas físicas: los jueces denuncian que los expedientes no incluyen las preguntas realizadas o el desglose de la puntuación.

La mayoría de los casos afecta a aspirantes a agente de Policía Nacional, o agentes que buscaban un ascenso, que se presentaron a la convocatoria de 1.300 plazas de abril de 2015: pasaron las pruebas físicas, las de conocimientos y ortografía y el reconocimiento médico pero cayeron en la entrevista personal. Algunos, por ejemplo, fueron calificados con "escasa capacidad para acomodarse o avenirse a circunstancias diversas", otros por "rigidez del pensamiento" y otros por "falta de interés por esta profesión".

Decenas de ellos han recurrido su exclusión de la Escuela Nacional de Policía y, por el momento, la sección séptima de lo contencioso-administrativo del TSJ de Madrid ha dado la razón a más de veinte: sentencias que obligan a la Dirección General de Policía a considerarles "aptos" y a aceptarles en la Escuela si les llega la puntuación después de hacer los exámenes psicotécnicos. Si finalmente ingresan como futuros agentes y, en caso de superar la formación, entrar en la escala básica con el mismo escalafón que le hubiese correspondido en su promoción y cobrando el sueldo que le hubiese correspondido.

Según explican letrados que han llevado varios de estos casos, por el momento la Abogacía del Estado no ha llevado estos casos ante el Tribunal Supremo en nombre de la Dirección General de Policía, asumiendo por tanto las derrotas judiciales que además acumulan más de 14.000 euros en costas. Un buen número de sentencias han sido ganadas por abogados como el abulense Joaquín Bachrani en representación de decenas de opositores en los últimos años.

"Parco y genérico"

Una de estas sentencias fue dictada a principios de octubre y recuerda que el Tribunal Supremo ha dictado "innumerables" sentencias sobre este asunto, exigiendo transparencia en torno a los criterios que se siguen para calificar estas entrevistas personales. Los jueces no cuestionan que las entrevistas son un "elemento de contraste incuestionable" ya que "permite abordar aspectos no detectables en otras pruebas" pero que los expedientes de la Dirección General no guardan datos suficientes para comprobar su validez.

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En ese caso concreto, por ejemplo, el expediente sólo guardaba cinco preguntas del total de las realizadas, algunas respuestas, valoraciones "meramente genéricas", no constan las puntuaciones y el informe técnico es "parco, genérico y escasamente motivado" frente a un informe pericial de parte que les lleva a calificar al aspirante como "apto".

Son argumentos a los que la Abogacía del Estado se ha opuesto en sus escritos, negando esta arbitrariedad y opacidad: las puntuaciones se fijan por el Tribunal Calificador "con el rigor técnico propio de la propuesta de la Jefatura de Planificación Psicopedagógica", aludiendo a una diversidad de criterios concretos como socialización, comunicación o cualidades profesionales. Alegan que frente a este criterio "no puede prevalecer" el del interesado ni sus informes particulares "puesto que se alterarían los principios de mérito y capacidad" de una oposición pública. 

"Esa prueba no es objetiva"

Algunos de estos casos han sido ganados por la representación legal del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Su portavoz, Ramón Cosío, denuncia en conversación con la Cadena SER que "venimos denunciando que esa prueba no es objetiva porque no hay un procedimiento, un protocolo establecido que fije o pueda dar garantías suficientes de que la prueba se realice con objetividad".

Desde el SUP proponen que las pruebas se graben, que exista "una batería de preguntas comunes" a todos los opositores y que participen en el proceso personas ajenas a la Policía Nacional: "Jueces fiscales o personal de los sindicatos que pudiera estar velando por que se realice la prueba con objetividad".