La Fiscalía del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de desviar 8 millones para el referéndum
El Ministerio Público considera que los gastos alcanzan esa cifra teniendo en cuenta que hay conceptos por cuantificar
Incluye, por ejemplo, el dinero gastado en papeletas, cartelería, acción internacional o locales
Carles Puigdemont recientemente en Suiza / DENIS BALIBOUSE (Reuters)
Madrid
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas acusa al expresident catalán, Carles Puigdemont, y exaltos cargos de su Govern de desviar más de 8 millones de euros de las arcas públicas para sufragar los gastos preparatorios del referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado. Se trata, según ha avanzado El País, de una cantidad superior a la atribuída por el juez Pablo Llarena al delito de malversación en la causa investigada en el Tribunal Supremo.
Hacienda ya denunció al expresident y su Govern hace más de un año reclamando que pagase de su bolsillo los gastos en los que incurrió la Generalitat para organizar el referéndum. Se trata de un procedimiento similar al que recientemente ha terminado con Artur Mas y parte de su Govern condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar los 5 millones que costó la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
Ayer fue la organización Sociedad Civil Catalana la que planteó una denuncia similar por los mismos hechos aunque exigiendo que el expresident catalán, ahora fugado en Bélgica, cifrando su responsabilidad en algo menos de dos millones y el gasto público en que incurrió el Estado para hacer frente al desafío soberanista en casi 90 millones.
Papeletas, locales y carteles
En su escrito, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas suma el dinero supuestamente gastado en locales, publicidad, papeletas, cartelería, proyección exterior, observadores internacionales y costes derivados de la intervención económica del ejecutivo central. Responsabiliza tanto a Puigdemont y los exconsellers imputados en el Supremo como algunos que no lo están: Neus Munté, Jordi Jané, Jordi Baiget y la interventora Rosa Vidal.
Las cifras reflejadas en el escrito rozan los seis millones de euros y fuentes del Ministerio Público explican que, por ejemplo, falta por cuantificar el dinero invertido a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, estimando que la factura supera los ocho millones. La cifra exacta, en cualquier caso, quedará cerrada con el acta de liquidación provisional que determine el propio Tribunal.
