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El Congreso tumba el real decreto de los alquileres del gobierno de Sánchez

  • Es el primer decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez que resulta derogado en el Congreso
  • Unidos Podemos, principal socio del gobierno socialista, ha votado en contra del proyecto
  • Los otros siete decretos han sido convalidados y se tramitarán como proyecto de ley por vía de urgencia

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido el decreto de vivienda en el Congreso / ()

El Pleno del Congreso ha derogado este martes el decreto ley que aprobó el Gobierno en diciembre sobre la regulación del alquiler, ya que su convalidación ha sido rechazada con los votos de PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, UPN, Bildu y Foro Asturias.

La norma, que amplió hasta los cinco años la duración mínima de los contratos, ha recabado el apoyo del PSOE, PdeCat, PNV, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pero esos votos no han sido suficientes para su convalidación.

Estos eran los principales cambios que promovía este real decreto:

  1. Ampliar de tres a cinco años los contratos de alquiler y hasta siete si el arrendador es una persona jurídica. Esta medida tiene el objetivo de facilitar el alquiler y proteger a los inquilinos. La prórroga tácita del contrato pasa también de uno a tres años.
  2. Se limita a dos mensualidades la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios.
  3. Se obliga a que el arrendador, en el caso de ser una persona jurídica, asuma los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
  4. La norma mejora la coordinación de los servicios sociales y los tribunales en casos de desahucios. Para ello, contempla cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos que afecten a personas o familias vulnerables para que se paralicen los procedimientos hasta que se encuentre una alternativa habitacional.
  5. En materia de vivienda turística, el decreto modifica la ley de propiedad horizontal para permitir, por una mayoría cualificada de tres quintos, que las comunidades de vecinos limiten la actividad turística en sus edificios, así como que dichos apartamentos deban aportar más a los gastos comunitarios. Se "empodera" a las comunidades de vecinos para combatir la llamada gentrificación o el proceso en zonas, sobre todo barrios céntricos en las ciudades, de encarecimiento exacerbado de precios de viviendas y alquileres por la masiva puesta en marcha de pisos para usos turísticos, expulsando a sus residentes por los altos costes.
  6. El real decreto contempla además medidas de impulso de la accesibilidad, como el incremento hasta el 10% del fondo de reserva de las comunidades de vecinos para que pueda afrontar costes de este tipo, así como obligar a llevar a cabo obras de mejora cuando el 75% de los costes se puedan obtener de ayudas públicas.

Marcha atrás en la legislación

La derogación del decreto supone, por tanto, el fin de todos los cambios impulsados por el Gobierno y la vuelta a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013. En relación con el alquiler, por tanto, se vuelve a la situación anterior al 19 de diciembre. El contrato de alquiler tendrá una duración mínima de tres años —ya no cinco— en la que el dueño no podrá subir anualmente más que el IPC o la referencia que se haya pactado. Transcurridos esos tres años, ya no habrá límite a la subida. Además, las fianzas ya no estarán limitadas al importe de dos mensualidades, como establecía el decreto.

Respecto al alquiler de viviendas turísticas, este seguirá sujeto a la ley de arrendamientos urbanos (LAU), cuando el decreto establecía que se regularía como una actividad económica. El decreto establecía tambien la obligación de los propietarios de realizar obras de accesibilidad a los edificios si la administración las subvenciona en un 75%. Esto también queda eliminado.

Es el primer decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez que resulta derogado, todo ello a menos de un mes de que se debatan y voten los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Desde la Constitución, el Congreso ha tumbado cuatro decretos ley: uno de UCD en 1979 sobre la Junta Central de Acuartelamiento; uno del Ejecutivo del socialista Zapatero sobre el impuesto al tabaco que cayó en 2006 por un error; otro del Gobierno Rajoy sobre estibadores en 2017, y este del alquiler.

Podemos justifica su 'no'

El rechazo de la formación dirigida por Pablo Iglesias a este decreto se produce por la decisión del Gobierno de no incluir en esta normativa la limitación de los precios de los alquileres, medida que forma parte del acuerdo presupuestario entre Podemos y el Ejecutivo.

En la defensa del decreto, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, había destacado que sus medidas eran "un primer paso por lo que no cabe duda de que deberán ir acompañadas de medidas adicionales en las que continúa trabajando este Gobierno", aunque no ha citado específicamente la limitación de los precios del alquiler.

En esta línea, Ábalos había apuntado que "este real decreto, de marcado carácter social, trata de dar una respuesta política urgente al problema de acceso a la vivienda que hay en España y de revertir las consecuencias de la reforma liberal de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013".

En referencia a la reforma aplicada por el gobierno de Mariano Rajoy, el ministro ha denunciado que no consiguió estimular el mercado y que además provocó subidas "desorbitadas" de los precios y "dio pábulo y cobertura a las maniobras especulativas". "Esta Situación hace necesario actuar de manera inmediata", ha concluido José Luis Ábalos, que ha recordado que el Ejecutivo trabaja en medidas como la elaboración de una ley estatal de vivienda que impida que los fondos buitre especulen con viviendas sociales o en incrementar la oferta de alquiler público con el plan de lanzar 20.000 viviendas.

Esta defensa de José Luis Ábalos no ha convencido a la formación morada. Unidos Podemos, en boca de Lucía Martín, ha confirmado al ministro el rechazo, y además ha ironizado al decir que "ha sido un alivio ver que quien se subía a la tribuna era usted y no la ministra Calviño", a quien ha atribuido la decisión de no limitar los alquileres por las presiones de fondos como Blackstone.

"Cada cual decide a quien quiere escuchar en política", ha dicho Martín, que considera que el Gobierno "lo tenía muy fácil" con el acuerdo presupuestario, que calificó de "potente" ya que "protegía los derechos de la gran mayoría". De hecho, Podemos ha denunciado que el decreto "es un intento evidente de diluir nuestro acuerdo y dejar caer muchas medidas que a regañadientes conseguimos cuando aceptamos los presupuestos". "No tiene sentido alargar los contratos si no hay medidas que aseguren que los precios no pueden subir indiscriminadamente", ha apostado.

En todo caso, desde la formación morada han asegurado que el voto en contra "no busca humillarles, ni hacerles daño, ni deshacer la mayoría de la moción de censura" por lo que ha instado al ministro a seguir trabajando con nosotros para acordar un nuevo real decreto.

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