Piden 10 años de cárcel para el comisario Pino por el pendrive fantasma de los Pujol
Podemos atribuye a Eugenio Pino los delitos de estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos, por haber elaborado informes falsos contra la familia Pujol con los que incriminarles ante los jueces
Madrid
La acusación popular que ejerce Podemos en el caso del 'pendrive' fantasma de la investigación sobre la familia de Jordi Pujol solicita 10 años y medio de prisión para el comisario jubilado Eugenio Pino, que fue el número dos de la Policía Nacional (director adjunto operativo) con el gobierno del Partido Popular bajo el mando de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.
En su escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Podemos describe que Pino junto a Bonifacio Díaz Sevillano, también comisario de la dirección adjunta operativa “actuando de manera concertada y prevaliéndose de su posición jerárquica y organizativa en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, facilitaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera del mismo cuerpo un dispositivo electrónico 'pendrive' con documentación propiedad de Jordi Pujol Ferrusola indicando un origen de la documentación falso, desconociéndose en la actualidad el origen real de dicho pendrive”.
"El ánimo de los acusados al indicar un origen falso de la documentación a los miembros de la UDEF fue crear una apariencia de legitimidad bastante sobre esta documentación de forma que ésta pasara a ser incorporada, en forma de informe policial", a las diligencias que se habían abierto en la Audiencia Nacional y que investigaban el origen de la fortuna de la familia Pujol.
Bonifacio Díez entregó a los investigadores el pendrive indicando que había resultado incautado durante las operaciones de entrada y registro ordenadas en Barcelona.
Ante el fraude policial descubierto por el juez De la Mata, Pino afirmó que el 'pendrive' se lo había entregado el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, que le había indicado que provenía de la agencia de detectives Metodo3; mientras que el Diez señaló que nunca había entregado ese dispositivo a ningún responsable de la UDEF. Ese dispositivo, en cambio, “no proviene de ninguna diligencia practicada" en la causa que investiga a la familia Pujol.
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