Las medidas sobre vivienda que Podemos y PP exigen al Gobierno

La regulación de los precios del alquiler sigue siendo la principal reclamación de la formación morada que insta al Gobierno a cumplir el acuerdo firmado en Otoño por el propio Sánchez y por Pablo Iglesias en el que se comprometían a tomar medidas "para poner techo" dice el texto "a las subidas abusivas en determinadas zonas".

Fuentes de Unidos Podemos explican que esas medidas pasarían por establecer un marco que permitiría a los ayuntamientos que lo requieran regular esos precios. Sobre un posible choque legal, estas fuentes consideran que no está en cuestión la inconstitucionalidad de la propuesta, pero sí creen que hay que dar seguridad jurídica a las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias. A partir de ahí, y con ese marco regulatorio básico, serían los consistorios los que establecerían índices y excepciones para acotar los precios. Y subrayan: sería un mecanismo para determinadas zonas, por un tiempo limitado y siempre con la última palabra de los ayuntamientos

También quiere el partido de Pablo Iglesias recuperar lo que ya proponía el decreto frustrado, es decir, la prórroga de los contratos de 3 a 5 años (7 años si el arrendador es una persona jurídica), que no se pueda exigir más de dos meses de fianza y que el arrendador se haga cargo de los gastos inmobiliarios. Pero quieren ir más allá, aprobando medidas que el Gobierno dejó fuera de aquel decreto: por ejemplo, indexar la subida interanual del precio del alquiler en los contratos para evitar que se establezcan cláusulas que incrementen de forma abusiva la renta a partir del tercer año, algo que, aseguran, ya se detectó durante las apenas 4 semanas que estuvo en vigor el decreto ante de ser rechazo en el Congreso.

La ley 'Anti-okupa' del PP

La propuesta de los populares permitiría a la policía desalojar una vivienda en un plazo de entre 12 y 24 horas sin tener que esperar meses. Esta es una de las medidas estrella que el Partido Popular que contempla en el proyecto de ley orgánica que ha presentado en el registro del Congreso.

Esta ley antiokupa modifica varias leyes como el propio Código Penal para introducir la pena de prisión para el delito de usurpación y establece, según sus promotores, una definición clara de lo que es una ocupación ilegal: "la tenencia o disfrute de inmueble ajeno, sin pago de renta ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real". Además, el inmueble ocupado no podrá tener la consideración de domicilio o morada para que no sea equiparado a una vivienda comprada o alquilada.

La normativa también otorga poderes a las comunidades de vecinos para adoptar medidas -como tapiar puertas y ventanas- que eviten la ocupación de viviendas vacías en el inmueble. El PP justifica esta iniciativa por lo que entiende como un problema creciente que está siendo utilizado por las mafias como fuente de ingresos y puede provocar tragedias como la acontecida en Badalona, donde murieron tres personas como consecuencia del incendio provocado por una conexión ilegal a la red eléctrica.