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Las expertas recomiendan eliminar la dispensa de la mujer a declarar contra su pareja

  • El informe encargado por Justicia recomienda eliminar esta posibilidad a denunciantes de violencia machista
  • Pide que la dependencia económica entre víctima y agresor se tenga en cuenta para fijar órdenes de protección

Manifestación contra la violencia machista /

El informe encargado a varios expertos por el Ministerio de Justicia para hacer una revisión de género de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hace dos recomendaciones principales al departamento que dirige Dolores Delgado: impedir que las denunciantes de violencia machista puedan acogerse a la dispensa a no declarar contra su supuesto agresor y también que la posible dependencia económica de la mujer al hombre sea tenida en cuenta a la hora de fijar órdenes de protección.

Son dos de las múltiples propuestas que el grupo de expertas ha hecho llegar al Ministerio después de varios meses de trabajos, y que ahora tendrán que pasar varios filtros internos del departamento. Fuentes de Justicia explican que ese documento será el origen de un posible anteproyecto de reforma de la LeCrim que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y encarar el trámite parlamentario habitual en las Cortes.

Una de estas propuestas es neutralizar la posibilidad de que una víctima de violencia de género se acoja a la dispensa que recoge el artículo 416 de la norma y que explica que “los parientes del procesado” no tienen obligación de declarar en su contra a lo largo del proceso, incluyendo a “su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial”. La Fiscalía actúa de oficio, lo que implica que no todos estos casos terminen necesariamente en el archivo.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuantifica desde 2015 los casos en los que las víctimas de esta violencia se echan atrás. Según los últimos datos disponibles, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2018 un total de 4.453 víctimas se acogieron a este derecho, lo que supuso casi un 11% del total de víctimas registradas.

Órdenes de protección

Otra de las propuestas principales de este grupo de expertas pasa por fortalecer algunos criterios judiciales a la hora de conceder órdenes de protección en denuncias por violencia machista: propone que la posible dependencia económica de la mujer hacia el hombre sea tenida en cuenta. Según la última macroencuesta sobre violencia sobre la mujer, publicada en 2015 por el Ministerio de Sanidad, esta violencia se puede ejercer “a través del control relacionado con la economía doméstica o a través de la merma de la independencia económica de la mujer”.

Protesta contra la violencia machista / Marcos del Mazo (Lightrocket vía Getty)

Según esta macroencuesta, un 7,5% de las mujeres preguntadas afirmaron que su pareja, en alguna ocasión, no les permitía tomar decisiones sobre la economía familiar o hacer compras por su cuenta. El porcentaje asciende por encima del 11% preguntadas por si han sufrido esta “violencia económica” por parte de alguna de sus parejas a lo largo de sus vidas.

Pacto de Estado

El Consejo Asesor para acometer esta revisión de género de la LeCrim fue puesto en marcha a finales de agosto por parte del Consejo de Ministros con la presencia de cinco vocales: la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer, la Fiscal de Criminalidad Informática Elvira Tejada, la catedrática de la Universidad de Sevilla María Isabel Gonzáez, el catedrático de la Universidad Jaume I Juan Luis Gómez Colomer y la abogada María Durán i Febrer. También han revisado el lenguaje de la LeCrim en clave de género, algo pendiente de supervisión.

La neutralización de la dispensa en casos de violencia machista ya ha sido varias veces puesta encima de la mesa, empezando por la fiscal delegada de violencia contra la mujer, Pilar Martín Nájera, siguiendo por el exfiscal general Julián Sánchez Melgar y terminando por el Pacto de Estado, que en su punto 143 elude instar su eliminación pero recomienda poner en marcha "las modificaciones legales oportunas" para "evitar los espacios de impunidad que pueden derivarse" de este derecho.

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