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Los 21 puntos que Torra pidió a Sánchez: autodeterminación y mediación internacional

El Govern ha difundido este martes los 21 puntos que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron el 20 de diciembre en el Palau de Pedralbes de Barcelona

Encuentro entre el Gobierno y la Generalitat catalana (Archivo) / David Zorrakino - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)

Encuentro entre el Gobierno y la Generalitat catalana (Archivo)

Barcelona

El Govern ha difundido este martes los 21 puntos que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron el 20 de diciembre en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

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El documento, titulado 'Propuesta del Govern de Catalunya en la cumbre con el Gobierno de España: Un pacto de Estado para solucionar el conflicto entre España y Catalunya', esgrime que la situación actual en Catalunya es política y requiere "soluciones políticas".

Entre los puntos que Torra pide a Sánchez, destacan una mediación internacional para una negociación entre Generalitat y Gobierno en igualdad de condiciones; "investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Catalunya", y hacer efectivo el derecho de autodeterminación.

Tres apartados

Los 21 puntos se dividen en tres apartados: el primero, englobado bajo el epígrafe 'Una respuesta democrática para Catalunya'; el segundo, 'La necesidad de una regeneración democrática de España', y el tercero, como 'La desfranquización de España, un reto pendiente'.

En el primer apartado Torra solicita "no gobernar contra Catalunya"; reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación; la mediación internacional; el respeto a las instituciones catalanas y la renuncia a otro 155; investigar los abusos policiales que el Govern ve, y dejar atrás la vía judicial contra el independentismo.

En el segundo apartado, el presidente reclama impulsar un compromiso a favor de la ética política; que se garantice la separación de poderes; "poner fin a la limitación de derechos fundamentales y revertir el retroceso de la calidad democrática en España".

Este apartado también reclama "frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo y poner fin a la complicidad de los cuerpos policiales y el aparato judicial con la ultraderecha"; garantizar la independencia judicial, y asegurar el respeto a los Derechos Humanos.

El tercer apartado critica que "la sombra y la influencia de la cultura franquista pervive y es incompatible con la plenitud democrática de España"; se lamenta que hay indolencia con el fascismo, a juicio del Govern, y se pide aislar y denunciar a grupos neofascistas.

También se solicita acabar con "los privilegios derivados del franquismo"; emprender un proceso explícito de 'desfranquización' y un debate sobre la monarquía; la nulidad de los juicios del franquismo, y hacer efectiva una política de fosas comunes.

Crítica a la monarquía

Antes de abordar las 21 demandas, el documento que Torra entregó a Sánchez analiza la situación actual y afirma que España vive "una grave crisis de Estado" en la que hay una desconfianza de la ciudadanía --en especial, de la catalana-- hacia las instituciones.

El documento también afirma que la monarquía parlamentaria "vive un momento de absoluta desconfianza y desafección", y critica al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) --sin citarlo-- alegando que no pregunta concretamente por esto en sus encuestas.

Torra esgrime que gran parte de esta crisis que ve en España radica en "la no superación total del franquismo", que ve latente en la sociedad actual y que impregna, a su juicio, determinadas actitudes e instituciones del Estado.

Dialogar sin límites

El documento concluye que el Gobierno central debe pasar del "no a todo" a negociar y a dialogar con la Generalitat sin límites y sin condiciones, y exige admitir que existe en el Estado un problema de calidad democrática que hay que resolver.

"El Estado tiene que abordar de una vez por todas la verdad sobre su pasado y hacer justicia con sus víctimas y abordar cambios estructurales en las instituciones", concluye el documento, que insiste en criticar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, de 2010.

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