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Martes, 22 de Octubre de 2019

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Sesenta y cuatro horas interrogando al procés

  • Los interrogatorios del sumario del procés suman un total de 64 horas y media
  • Desde el "acatamiento absoluto" del 155 de Barrufet hasta el "usted me convierte en preso político" de Rull

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Sesenta y cuatro horas, veintiséis minutos y cuarenta y un segundos repartidos en ochenta y seis archivos de audio que acumulan más de un giga y medio de contenido. Es la cuantificación de más de un año en el que 22 imputados y 22 testigos han pasado por el despacho del juez Pablo Llarena aportando datos sobre el proceso independentista unilateral cuyo juicio empieza este martes. Desde el “usted me convierte en preso político” de Jordi Turull hasta el “estoy dispuesta a renunciar a mis ideas si comportan violencia” de Carme Forcadell.

Al juez Llarena se le acabó pronto el crédito conseguido por dar más tiempo a las defensas para estudiar la causa y en marzo empezó a escuchar, en su propia sala, críticas y acusaciones que tradicionalmente no pasan el arco de seguridad del Tribunal Supremo. “Estoy convencido de que la actual causa vulnera mi libertad ideológica y de expresión política”, le dijo Oriol Junqueras el 16 de abril del año pasado. “Se vulneran mis derechos de representación política y los de los ciudadanos que depositaron su confianza y su voto” en las elecciones del 21 de diciembre.

Jordi Sànchez se sumó a las críticas. “No he tenido la sensación de tener un proceso plenamente justo, lo digo con toda sinceridad”. El exlíder de la ANC y diputado de Junts per Cat afirmó que la instrucción de Llarena “criminaliza de manera no ajustada a derecho la actuación de un grupo parlamentario que tuvo cerca de un millón de votos” y que ésta “es una causa colectiva que busca castigar una opinión mayoritaria en una parte de la sociedad catalana”. Ese mismo día, Jordi Cuixart afirmó que “esta causa atenta directamente contra mi libertad ideológica y de expresión”.

Fue Josep Rull, un día más tarde, quien acusó a Llarena de enviarle a prisión de nuevo “porque mi formación política obtuvo un resultado importante en las elecciones”, vaticinó que el juicio que arranca la semana que viene “será un mero trámite, es un juicio sobre hechos y no ideas” y puso el dedo en la llaga: la esperanza la tienen “en países al norte de España, donde la separación de poderes no es una teoría”. Ese mismo día, Raül Romeva hablaba acusaba a Llarena de llevar las riendas de una “causa política” y al día siguiente era Jordi Turull el que aseguraba que “este proceso va de política y de escarmiento”.

Promesas de dejarlo

Hasta la fecha, abandonar la política o prometer abandonarla no ha servido para que el Tribunal Supremo reconsidere sacar a uno de los imputados de prisión, al menos no después de su procesamiento por rebelión. “Mi carrera política natural era en el Ayuntamiento de Barcelona, yo he renunciado incluso a ser candidato a las primarias de mi partido, he tomado la decisión hace un tiempo de abandonar la política activa tal y como la he vivido”, dijo Joaquim Forn en abril del año pasado. Hace unas semanas, y después de un año y medio en prisión preventiva, Forn anunciaba a través de su cuenta de Twitter que volvería a ser candidato al consistorio barcelonés.

Ese mismo día Carme Forcadell comunicaba a Llarena que “he dejado mi acta de diputada” para reforzar su petición de libertad, intento que repetía Dolors Bassa afirmando que “dejé mi acta por tanto incluso si hubiera una posibilidad de delito es imposible la reiteración de delito”. Una veta que abrió Meritxell Borràs, que sí está en libertad, en su primera declaración de diciembre de 2017: “En política uno sabe cuándo entra, pero no cuándo sale, y es mejor hacerlo en el momento en que uno profesionalmente puede ubicarse de nuevo en su profesión”, anunciando que su intención era volver a trabajar en el laboratorio como farmacéutica.

"Voy acompañado de cuatro escoltas"

El pasado mes de mayo estaba prevista la comparecencia de una de las testigos clave del caso: la funcionaria del juzgado 13 de Barcelona que el 20 de septiembre tuvo que salir de la Consellería de Economía por una azotea. La Fiscalía pidió que declarase como testigo protegido y el juez Llarena, en una de sus escasas incursiones más allá de lo estrictamente jurídico, afirmó que: "Voy acompañado de cuatro escoltas y les puedo asegurar que por la calle soy mirado en cada manzana siete veces".

La petición se transformó en uno de los pocos momentos moderadamente tensos de la causa entre abogados, fiscales y juez dentro de la sala. Las defensas de los acusados manifestaron su "oposición rotunda y completa" ante la petición, dándose por aludidos como posibles artífices de una filtración de los datos personales de la secretaria judicial. "Me ofende profundamente que haya presentado este escrito el Ministerio Fiscal, es inmerecido", afirmó por ejemplo el letrado Jordi Pina. La funcionaria comparecerá como testigo en el juicio sin que por el momento se haya anunciado ningún tipo de medida de protección.

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