El Ejecutivo de Mariano Rajoy aceptó que Iñigo Urkullu mediara en el conflicto catalán para intentar evitar una salida unilateral al conflicto. El lehendakari detalla desde hace media hora cómo desde mediados de 2017 mantuvo un contacto constante, presencial y por teléfono, tanto con el Presidente del Gobierno como con miembros de la Generalitat para intentar encauzar el diálogo como también un encuentro en un aeropuerto con Soraya Sáenz de Santamaría. Los contactos más profundos empezaron a partir de los disturbios del 20 de septiembre, tras los incidentes en los registros en la Consellería de Economía. Un día después habló con Rajoy por teléfono: «Le dije que las cosas no debían seguir de la manera en que se estaban conduciendo, todo se estaba yendo de las manos, había que medir mucho los pasos para no provocar una fractura social». Rajoy, según ha dicho, le contestó que «en lo posible haría lo mínimo y cuidaría lo máximo en todo aquello que se hiciera». El papel de Urkullu como mediador, según su versión, se intensificó a partir del 4 de octubre con el referéndum ilegal ya celebrado. Fue presentando a ambas partes «una serie de propuestas» buscando el diálogo entre Gobierno y Govern. Por part de Puigdemont «encontré absoluta receptividad» y por parte de Rajoy «una actitud renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución, pero no hablamos del derecho de autodeterminación, siempre era para facilitar un espacio de distensión». El final de la negociación llegó en la mañana del 26 de octubre. Tras una noche de intensa mediación Urkullu, como explicó también el exconseller Santi Vila, había arrancado a Puigdemont el compromiso de convocar elecciones, pero esa mañana descubrió que el Govern se lanzaba por la vía unilateral. El president le explicó que cedía por la presión de la gente que se manifestaba en la plaza Sant Jaume y por «presiones dentro de JxSí», explicándole que «no podía proceder al acuerdo que se había adoptado en esa noche de disolver el Parlament y convocar elecciones». Según ha explicado Urkullu, el interlocutor de Santi Vila en Moncloa era Rafael Catalá, en ese momento ministro de Justicia y en la actualidad diputado por Cuenca. Rajoy, ha repetido, era renuente pero se comprometió a actuar con «la máxima delicadeza posible». Tanto Gabriel Rufián, parlamentario de ERC en el Congreso, como el exdiputado en el Parlament Albano Dante-Fachín, han comparecido en el juicio para negar que ni el 20-S ni el 1-O la situación en las calles de Catalunya fuese hostil y violenta por parte de la población. «Estuvimos ahí, atendimos a algún medio y salimos a comer algo, me chirría muchísimo que se dijera que aquello era un tumulto peligroso, yo fui a merendar, en una revolución merienda poca gente», ha dicho sobre un 20-S en el que había «cánticos pacíficos». Rufián, que ha tachado de fake news que la secretaria judicial tuviese que salir por un edificio adyacente ante la cantidad de gente concentrada y se ha pronunciado sobre el 1-O y las previsiones de violencia: «Nosotros entendíamos que nos enfrentábamos a gente con enormes carencias democráticas, pero jamás frente a salvajes, porque es una salvajada golpear a la gente porque vota». En ese mismo sentido se ha pronunciado Dante-Fachín relatando su conversación con un agente de la Guardia Civil: «La única preocupación fue que le molestara el humo de mi cigarro y me dijo que no, no lo digo con ánimo de hacer ninguna broma». Ernest Benach, expresident del Parlament, ha declarado en el sentido de la estrategia de defensa de Carme Forcadell asegurando que la Mesa «tiene que juzgar si la forma de presentación es la correcta o no es la correcta» en cuando a las iniciativas legales.