La juez procesa a la cúpula de TV3 por el Proces

Madrid

La juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha dado por concluida la investigación sobre los actos que se realizaron para preparar el referéndum del uno de Octubre y ha ordenado el procesamiento de 30 cargos de la Generalitat, así como de varios directivos de la televisión autonómica, TV3 y cinco empresarios. Les acusa de delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación y ha fijado una fianza solidaria de 5,8 millones de euros similar al presunto gasto comprometido o empleado para la consulta.

Ideólogos

La magistrada ha exculpado a otras 15 personas que estaban siendo investigadas, entre ellas a quien se había señalado como supuesto “arquitecto jurídico” del Proces al ser el ideólogo de las leyes de ruptura, el ex magistrado del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), Carles Viver Pi i Sunyer.

También queda fuera del procedimiento, el ex juez y ex senador de Esquerra Republicana Santiago Vidal, responsable de la redacción de la Constitución para una república catalana y cuyas declaraciones públicas dieron inicio a esta investigación después de asegurar que la Generalitat tenía censos de votantes obtenidos de forma ilegal o gastos apalabrados para la celebración de la consulta.

Cargos de TV3

Además de estos altos cargos de la Generalitat, la magistrada también acuerda por primera vez el procesamiento de los responsables de la Corporación Catalana de Medios, de TV3 y de Catalunya Radio Nuria Llorach asi como de Saúl Gordillo, director de Catalunya Radio, y de Vicent Sanchis, director de TV3 y Martí Patxot, los cuatro por un presunto delito de desobediencia.

Entre los procesados hay varios ex altos cargos del Govern, como el secretario de Difusión de la Generalitat Antoni Molons, del que se sospecha que encargó la cartelería y la impresión de papeletas; el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin; el director general de Patrimonio, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, o el secretario general de Exteriores, Aleix Villatoro.

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El auto por el que concluye la investigación, advierte que en caso de que los procesados no consignen la fianza solidaria impuesta de 5,8 millones de euros, se iniciará un proceso embargo de sus bienes personales para cubrir la responsabilidad económica.

Además, la juez señala en su escrito que no es competente para pronunciarse sobre el exsecretario general de Hacienda Lluis Salvadó, dada su condición de aforado.