El comisario García Castaño afirma ante el juez que "seguía órdenes" del secretario de Estado de Seguridad para investigar a Bárcenas

Madrid

La investigación de la 'Operación Kitchen', pieza separada del caso Villarejo que analiza el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, ha dado un salto cualitativo, según los investigadores. La supuesta responsabilidad por los hechos ya no se circunscribe al entramado policial que ejecutó la operación de espionaje a Bárcenas para destruir pruebas que perjudicasen al PP, sino que puede alcanzar a la cúpula del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y en concreto a su mano derecha, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Por primera vez, Martínez ha sido mencionado en la operación cuando hasta ahora los investigados habían establecido un cortafuegos en el exdirector adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino.

"Órdenes del secretario de Estado"

En su declaración como imputado el mes pasado, que permanece bajo secreto de sumario, el comisario principal y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, manifestó al ser preguntado por la 'Operación Kitchen' que “seguía órdenes” del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, según fuentes de la investigación consultadas por la Cadena SER.

García Castaño añadió que se trató de una “orden general” para el operativo de investigación contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Un operativo en el que, según defienden tanto García Castaño como Eugenio Pino, solo buscaban pruebas para incriminar a Bárcenas.

Pero los investigadores no creen esta versión. Sostienen que en realidad, la operación fue montada para destruir pruebas que perjudicasen al PP en el caso de su caja b entre 2013 y 2015, con uso de fondos reservados.

Espionaje a Bárcenas

Unos fondos que distribuía Francisco Martínez desde la secretaría de Estado de Seguridad. Las fuentes jurídicas consultadas por la SER afirman que los indicios y pruebas recabados hasta la fecha avalan su tesis frente a la de los imputados.

Se espió a Bárcenas y a su familia, fotocopiaron documentos privados, fueron colocadas cámaras y micrófonos en el domicilio donde guardaba elementos de prueba, fue sobornado con fondos reservados el chófer del extesorero, a quien además se le premió con un puesto en la policía, y supuestamente, pagaron a un falso cura para que secuestrase a la familia del exjefe de las finanzas del PP y obtuviera datos sobre la caja b.

Y los investigadores destacan que este operativo de la 'policía política', fue montado al margen de la ley y sin conocimiento del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya estaba investigando a Bárcenas por la caja b, y en este sentido había ordenado a un grupo policial distinto desde la UDEF, que llevara a cabo estas pesquisas.

El exsecretario de Estado conserva el aforamiento

Los mismas fuentes añaden que el juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba la caja b, jamás se benefició del supuesto operativo lícito ordenado por Francisco Martínez, según García Castaño.

Fuentes del caso consultadas por la SER sostienen que con toda probabilidad, Francisco Martínez será citado como imputado después de las elecciones generales. El exsecretario de Estado no repite como candidato pero no puede ser citado como imputado hasta después de las elecciones por la Audiencia Nacional, porque el Partido Popular le ha incluido como vocal suplente en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y a todos los efectos, conserva el aforamiento.