Elecciones 23 de julio

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PSOE y Podemos aproximan sus programas con ayudas directas para combatir la pobreza

Los socialistas proponen un Ingreso Mínimo Vital de 580 euros al mes frente a los 600 de la renta básica de Unidas Podemos Ciudadanos mantiene su complemento salarial

Presentación del programa electoral de Podemos. / Eduardo Parra (Getty Images)

El PSOE recupera para su programa electoral una propuesta formulada por Pedro Sánchez a finales de 2017, que iba destinada a contestar la Renta Básica Universal de Podemos y el Complemento Salarial de Ciudadanos. El Ingreso Mínimo Vital con el que se comprometen los socialistas se inscribe en la urgencia de acabar con la pobreza y pretende asegurar a las personas un nivel básico de renta ante posibles contingencias para evitar que persona u hogar caiga en situaciones de absoluta desprotección. En especial, si hay menores. Así, propone, en los casos de pobreza severa, un mínimo de 580 euros al mes con un hijo a cargo y los 858 euros al mes con tres personas a cargo. Esto supone incrementar la propuesta de 2017 de 426 euros mensuales más complementos familiares y va en la línea de la Iniciativa Popular en favor de una renta básica presentada en el Congreso y que tenía como referencia las cifras de la Oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat.

Unidas Podemos también recupera en su programa la renta básica: 600 euros al mes, que se incrementará hasta los 1.200 en función del número de miembros del hogar. Esta renta básica se incrementará de manera periódica con el valor más alto entre el IPC y el incremento del salario medio. La formación de Pablo Iglesias estima que esta medida alcanzará a 10 millones de personas.

En su programa -desplegado este martes por la mañana en su web- Ciudadanos mantiene su propuesta de Complemento Salarial Garantizado que procederán a implantar de manera progresiva entre los trabajadores jóvenes. No obstante, renuncia a cifrarlo. En 2017, el partido de Albert Rivera calculaba que esta medida beneficiaría a 5 millones de hogares y que tendría un coste equivalente al 1% del PIB -10.000 millones de euros- en el escenario más adverso.

 
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