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Sábado, 17 de Agosto de 2019

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Anticorrupción excluye a Gallardón de la trama Lezo

Propone archivar la investigación contra el expresidente de la Comunidad de Madrid porque no ha quedado acreditado que conociera la operación "plagada de irregularidades" para la adquisición de Inassa en 2001, que provocó un agujero en las arcas públicas de 35 millones de dólares y supuestas mordidas por 10 millones de euros de destino desconocido

La Fiscalía propone juzgar a su mano derecha en el Canal Isabel II, Pedro Calvo, al exconsejero Juan Bravo y al expresidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, por malversación

Alberto Ruiz Gallardón, en una foto de archivo / ()

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este miércoles el escrito por el que propone al titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la apertura de juicio oral por la pieza separada que ha investigado la polémica adquisición por 73 millones de dólares de la empresa colombiana Inassa en 2001, por parte del Canal Isabel II, empresa pública de la Comunidad.

La fiscal Ana Cuenca exculpa al expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, porque no ha podido demostrarse que supiera de las múltiples irregularidades para la adquisición de esta firma iberoamericana, por la que se pagó un sobreprecio de hasta 35 millones de dólares a cargo del erario público.

Anticorrupción salva a la mayor parte del consejo de Gobierno de Gallardón por este motivo, excepto a tres hombres clave: su exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo; el expresidente del Canal, Pedro Calvo; así como el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña, Arturo Canalda.

Para la fiscalía, los tres tuvieron un papel “esencial2 en la operación de compra de Inassa a través de un paraíso fiscal, y conocían todos los detalles, que no comunicaron al resto. Anticorrupción propone juzgar por el mismo delito de malversación a una veintena más de ex altos cargos del canal.

Queda por descubrir dónde están los cerca de 10 millones de euros públicos que según la fiscal, pudieron pagarse en mordidas, y quién los cobró.

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