Los peritos se enzarzan por los locales públicos usados en el referéndum ilegal
Los propuestos por las defensas niegan que se pueda calcular el perjuicio económico
Los peritos de la Fiscalía y Abogacía del Estado cifran la malversación por este aspecto en casi un millón de euros
Los peritos se enzarzan por los locales públicos usados en el referéndum ilegal / senyal del Tribunal Suprem (ACN)
Madrid
El tribunal que juzga el procés independentista unilateral ha dejado zanjadas este jueves tanto la fase testifical como la fase pericial del juicio, escuchando a los últimos cuatro testigos propuestos por las defensas y presenciando un enfrentamiento de opiniones en cuando a la posible malversación por usar locales públicos como centros de votación en el referéndum ilegal.
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Los últimos testigos han sido solicitados por varios acusados para, precisamente, combatir las acusaciones por malversación de caudales públicos en sus respectivos departamentos de la Generalitat de Catalunya.
"No se utilizó ningún local para el referéndum del uno de octubre", ha dicho por ejemplo Xavier Urios, entonces director general de asuntos contenciosos de la asesoría jurídica de la Consellería de Gobernación que dirigía Meritxell Borràs. Las órdenes del Tribunal Constitucional a ese respecto, ha añadido, fueron seguidas "escrupulosamente, no se estaba haciendo nada que tuviera que ver con el referéndum y tampoco se hizo con posterioridad".
En esa misma línea ha declarado, entre otros, Pau Villoria, del departamento de Empresa que dirigía Santi Vila. "No hubo ningún gasto ni ninguna contratación en relación con la celebración del referéndum", ha asegurado, añadiendo que "en ningún momento se planteó la cesión de locales del departamento de Empresa para la celebración del referéndum".
Peritos enfrentados
La sesión de este jueves ha dado por finalizada también la fase pericial con, entre otras, la comparecencia conjunta de los peritos propuestos por acusaciones y defensas para estudiar si el uso de locales públicos de la Generalitat en el referéndum ilegal puede considerase como un delito de malversación de caudales públicos. La Fiscalía cifra este punto concreto en más de 900.906,7 euros.
Los peritos convocados por la Fiscalía han defendido los cálculos que han hecho del dinero que costaría, en caso de estar en el mercado, utilizar los más de 2.000 locales estudiados, mientras que los de las defensas han negado que este cálculo sea posible. "No hay valoración posible porque los edificios públicos de la Generalitat de Catalunya no están en el mercado de alquiler", ha dicho uno, añadiendo el otro que "no hay lucro cesante, eso invalida toda la pericial".
