Francia prohíbe la destrucción de cualquier producto que no se venda

Madrid

La destrucción de productos que no se venden es una práctica habitual entre las grandes firmas de distintos sectores, quienes prefieren triturarlos e incluso quemarlos antes que venderlos a terceras personas por un precio menor al habitual. Todo ello con el objetivo de dificultar la falsificación y proteger la propiedad intelectual de la compañía.

Una práctica que tiene las horas contadas en Francia, tal y como recoge Le Figaro. Este martes, el primer ministro francés Édouard Philippe y la secretaria de Estado de Transición Ecológica, Brune Poirson, han presentado una normativa mediante la que estará prohibido destrozar cualquier producto que no se venda a partir de 2023. Todo ello para evitar un "despilfarro escandaloso".

Objetivo: evitar un "despilfarro escandaloso"

Una iniciativa, la primera de estas características presentada en todo el mundo, mediante la que el gobierno francés pretende dar con un modelo económico viable. Después de reconocer que cada año se tiran o destruyen 650 millones de euros en productos no perecederos, Philippe ha anunciado que las empresas deberán donar aquellos productos que no vayan a utilizar o reciclarlos: "Nuestra idea no es restringir o imponer, sino apoyar a las empresas en la gestión de sus productos".

"No es necesario este despilfarro. Podemos encontrar un modelo económico viable y que todo lo que no sea vendido no se elimine, sino que sea donado para favorecer la economía social y solidaria, o transformado en piezas de recambio para recomponer otros objetos y alargar su vida", ha explicado Philippe.

Ampliando la ley contra el desperdicio

De esta manera, esta nueva medida complementa la ley contra el desperdicio de alimentos aprobada el 16 de octubre de 2016. Una ley que prohíbe a los supermercados de más de 400 metros cuadrados arrojar alimentos y hacer que sus productos no vendidos no sean aptos para el consumo, bajo pena de multa. De esta manera, los distribuidores se comprometen (bajo un acuerdo) a realizar donaciones para organizaciones benéficas.

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De esta manera, el gobierno francés pretende contribuir a "favorecer la economía circular" y, al mismo tiempo, a crear un modelo de crecimiento alejado del despilfarro y la sobreproducción. Todo ello a través de una medida que, a pesar de que no entrará en vigor hasta 2023, sienta las bases sobre el futuro de las distintas compañías.