La violencia machista registra ya una cifra terrible desde que hay estadísticas oficiales (enero de 2003) 1.000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas a falta de la confirmación oficial de los dos ultimos casos: el de este fin de semana en Ayamonte y el de una mujer de 29 años hallada muerta en Alboraya este mismo lunes. Esta dramática recuento gubernamental comenzó en el año 2003 con datos del Instituto de la Mujer. Eran los primeros datos rigurosos y con un sistema correcto de recogida, por lo que se pudo establecer un informe oficial a partir de esa fecha. Hasta ese momento el conteo lo venína haciendo desde hace muchos años las asociaciones de mujeres con la ayuda de los medios de comunicación. La primera víctima mortal recogida en 2003 en la lista fue Diana Yanet Vargas Carvajal. Tenía 28 años. Fue asesinada por su novio. La arrojó desde el balcón el 6 de enero de 2003, la noche de Reyes. Su hija de cinco años quedó huérfana. La asesinada número mil es otra mujer joven, de 29 años, del barrio de Port Saplaya, en la localidad valenciana de Alboraya. La mató su pareja, un hombre de 48 años, que después se ha suicidado. Pero en estos 16 años de estadística oficial, el número de mujeres asesinadas por violencia machista son muchas más de mil. No están todas en la lista. Todavía no se recogen las víctimas indirectas, los familiares y personas del entorno como la cuñada en el reciente episodio de Aranjuez. Tampoco figuran aún en el registro los crímenes machistas cometidos fuera del ámbito de la pareja como el de Diana Quer, Laura Luelmo o el de prostitutas a manos de sus clientes. La Delegación de Gobierno para la Violencia de Género está trabajando en el compromiso adquirido de contabilizar también estos últimos casos, aunque todavía no hay plazo para la publicación de estos datos. Será una cuestión pendiente para el nuevo Gobierno. La anterior delegada, Pilar Llop, envió el pasado mes de octubre una circular a todas las Unidades de Violencia de Género para que incorporaran todos los asesinatos fuera de la pareja o expareja, algo que las ONG llevan reivindicando desde hace tiempo. Pero siguen sin estar cerrados ni el tratamiento ni los criterios estadísticos. El Convenio de Estambul primero, ratificado por España en 2014, y después el Pacto de Estado aprobado en 2017, obligan a ampliar la recogida de información a otras formas de violencia machista, a la violencia sufrida por la mujer por el hecho de serlo. Datos sobre violaciones, acoso sexual, trata, mutilación genital o matrimonios forzosos que ahora no se incluyen porque la ley integral limita la estadística al ámbito de la pareja.