El Supremo no permite que Junqueras prometa el cargo de eurodiputado
La Fiscalía se había pronunciado en contra y la Abogacía del Estado a favor de permitirle tomar posesión
Explica que no es una decisión definitiva sino un "temporal aplazamiento" a la espera de que se dicte sentencia
Junqueras durante su última palabra del juicio / Señal institucional CGPJ (REUTERS)
Madrid
El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, no podrá tomar posesión como eurodiputado. El Tribunal Supremo ha decidido negar el permiso que solicitaba para poder ir ante la Junta Electoral Central y prometer el cargo el próximo 17 de junio, y tampoco a Bruselas. Su hipotético desplazamiento a Bruselas, además, pondría "en un irreversible peligro los fines del proceso" y, explica Manuel Marchena, " la deliberación se encuentra en su fase inicial".
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El tribunal explica que es una decisión temporal a la espera de la sentencia, esto "no implica una pérdida irreversible del derecho de participación del solicitante" sino "su temporal aplazamiento", condicionada al resultado de la sentencia.
El Supremo explica en su auto que la condición de europarlamentario se adquiere en dos fases: primero jurando o prometiendo el cargo ante la Junta Electoral en nuestro país y después en el Parlamento Europeo. Los jueces explican que si permiten que complete el primer trámite tendría que acudir físicamente a Bruselas para hacer el segundo.
Esto pondría en peligro la sentencia del procés, considera el Supremo, explicando entre otras cosas que Bruselas es el lugar donde Carles Puigdemont "dice haber instalado la sede del gobierno de la república catalana en el exilio, cuya presidencia él encarnaría. Y así lo publicita en la web y en todos los encuentros personales uqe mantiene con líderes políticos".
Puigdemont y Comín
Oriol Junqueras, al menos por el momento, no podrá tomar posesión como eurodiputado y seguirá por tanto siendo diputado suspendido del Congreso, a la espera de conocer también el futuro político de dos fugados de la misma causa: Carles Puigdemont y Toni Comín. En su caso, la Junta Electoral les recordó que si quieren completar el trámite tienen que venir a España.
Carles Puigdemont durant la manifestació pel final del judici de l'1-O / Natàlia Segura
La petición del exvicepresident de la Generalitat había supuesto un nuevo punto de desencuentro entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El Ministerio Público se posicionó en contra de la medida al entender que ponía en peligro el desarrollo del juicio y condicionaba el futuro de la sentencia, mientras que la Abogacía del Estado dejaba en manos de la Junta Electoral Central la decisión de suspenderle una vez prometido el cargo.
