Cincuenta y dos sesiones, cuatrocientos veinte testigos y cuatro meses después el juicio contra el procés independentista unilateral ha quedado visto para sentencia. El juez Manuel Marchena ha cerrado el juicio después de escuchar la última palabra del exconseller Santi Vila con la perspectiva de hacer pública la sentencia ya el próximo mes de septiembre. Un macrojuicio que ha vivido algunos momentos clave entre el doce de febrero y el doce de junio. El juicio al procés unilateral se ha convertido en uno de los mayores macrojuicios de la historia del Tribunal Supremo y de los de mayor proyección pública y política de la historia de la democracia española. Este miércoles se cumplen exactamente cuatro meses desde el arranque del juicio que ha constado de 52 sesiones, en el que han declarado más de 420 testigos, los 12 acusados, una veintena de peritos y un centenar de vídeos vistos en la sala. A lo largo de estos cuatro mese de juicio el tribunal ha visto desfilar por el Supremo a más de 420 testigos entre políticos, agentes de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, votantes y testigos del 1-O y del 20-S y diversos trabajadores ligados a la Generalitat o a empresas proveedoras de la administración catalana. Resumimos los momentos más importantes en este vídeo. Con once diputados, exdiputados y exconsellers sentados en el banquillo - todos menos Jordi Cuixart - el juicio y la fase de instrucción han cruzado sus caminos con algunos momentos relevantes de la política a nivel nacional. El proceso se ha cruzado con las campañas electorales de las elecciones catalanas de 2017, las generales y las autonómicas, municipales y europeas de 2019, ha vivido también la suspensión de los presos que ostentaron puestos en el Parlament o las Cortes generales. El encarcelamiento de los procesados por rebelión en marzo de 2018 también cruzó su camino con las investiduras de la cámara catalana. Algunos de los grandes acusados de este proceso contra el procés han sido algunos de los grandes ausentes en el juicio: los que decidieron fugarse en distintos países europeos para eludir la imputación. La causa ha sido temporalmente archivada contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel, algunos acusados de rebelión y otros de desobediencia: en el caso, por ejemplo, del expresident la Justicia alemana ha rechazado entregarle acusado de rebelión y la Justicia española por tanto tendrá que renunciar a juzgarle a menos que se entregue o que decidan enjuiciarle por otro delito. La testifical de los comisarios de la policía autonómica catalana, sobre todo la de Josep Lluís Trapero, fue uno de los momentos clave de este juicio. Varios de ellos serán juzgados en los próximos meses en la Audiencia Nacional, acusados por la Fiscalía de poner el cuerpo al servicio del independentismo, algo que ellos han negado en este juicio. La sentencia que dicte el Tribunal Supremo tendrá importancia en el proceso seguido contra Trapero, César Puig y Pere Soler. Buena parte del juicio se ha centrado en la acusación más grave que pesa sobre nueve de los doce acusados: la de rebelión. Un primer momento clave fue la declaración de los propios acusados, negando haber promovido o buscado ningún tipo de violencia el 1-O o el 20-S. Un segundo momento fue la declaración de los mandos de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos dEsquadra a la hora de acusarse mutuamente de no haber cumplido correctamente con las órdenes judiciales del TSJ de Catalunya y revelando las advertencias realizadas a la Generalitat. El tercer momento clave para la consideración de este delito es el que ocupó la mayor parte de las 52 sesiones de juicio oral: las testificales de decenas de agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y también de votantes que presenciaron los disturbios del referéndum ilegal. El posible uso de dinero público en el procés ha cerrado el juicio sin que las acusaciones hayan podido dar una cifra concreta supuestamente malversada. El primer momento clave llegó en marzo cuando una empresaria contrada para difundir la campaña del Registro de Residentes en prensa escrita explicó que exigía a la Generalitat el cobro de la deuda, mientras que el empresario que hizo lo mismo en internet explicó que renunciaba a cobrar los 80.000 euros adeudados. El segundo momento clave llegó en la fase pericial, cuando las peritos del Ministerio de Hacienda y de la Intervención General del Estado contradijeron la versión de los acusados: el gasto se genera en las arcas públicas cuando una empresa presta un servicio a la Generalitat, no cuando se paga. Con sólo tres imputados acusados de desobediencia, la parte del juicio dedicada a este delito tuvo tres momentos clave. El primero fue la declaración de los propios encausados, que lejos de negar el delito optaron por relativizar la obligación de obedecer al Tribunal Constitucional, como hizo de forma explícita Josep Rull. El segundo cuando dos exmiembros de la Mesa del Parlament y el letrado y el secretario del parlamento contradijeron frontalmente la versión exculpatoria de Carme Forcadell. El tercero ocurrió en las cuestiones previas del proceso, cuando el tribunal decidió dejar fuera de este juicio a los seis acusados sólo por un delito de malversación, que serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.