El juez confirma que el PP será juzgado por destruir los ordenadores de Bárcenas

El juez Eduardo Muñoz ha rechazado la petición del Partido Popular y del resto de acusados, quienes reclamaban que con la “máxima celeridad” y en fase de cuestiones previas, fuera aplicada la doctrina Botín ante la ausencia de acusación del perjudicado y de la Fiscalía, y el PP fuera excluido del procedimiento.

El magistrado ha afirmado que resolverá esta cuestión en sentencia, lo que implica que el Partido Popular deberá permanecer sentado en el banquillo con una acusación penal por daños informáticos durante todo el procedimiento.Las acusaciones populares del Observatori Desc, Izquierda Unida y ADADE entienden que no puede aplicarse la doctrina Botín en este caso porque la destrucción de los ordenadores perjudicó al interés público al eliminar pruebas del caso de la caja b del PP.

Por tanto, a su juicio, las acusaciones populares en esta causa están totalmente legitimadas.Por otra parte, el juez Eduardo Muñoz ha tumbado la última posibilidad de permitir la retransmisión del juicio. A la petición de la acusación de Izquierda Unida, ha contestado que tendría un “efecto estigmatizador” para los acusados, incluida la formación conservadora. El juez y también el fiscal, se alinean de este modo con el PP en esta causa, en una postura que choca frontalmente con el juicio a los líderes independentistas del procés que se ha seguido en el Tribunal Supremo. 

Sólidos indicios de que el PP borró y rayó 35 veces

Año y medio después de que la juez Rosa María Freire ordenara la apertura del juicio oral por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, hoy se sientan en el banquillo como supuestos responsables el Partido Popular, por un delito de daños informáticos, así como la ex tesorera, Carmen Navarro, el representante legal del PP, Alberto Durán, y otro empleado del partido. Las personas físicas son juzgadas además por un delito de encubrimiento.

Sólo hay acusaciones populares porque ni la Fiscalía ni Bárcenas han ejercido este derecho. Para las acusaciones hay sólidos indicios de que el PP borró y rayó 35 veces hasta su destrucción definitiva los discos duros de Bárcenas, con el objetivo de ocultar pruebas del caso de la caja b, que se investiga en la Audiencia Nacional. El PP, que se enfrenta a una multa de 10,8 millones, a la suspensión de actividad durante 6 meses y a no poder recibir donaciones privadas durante cinco años. El próximo jueves, previsiblemente, Bárcenas y Cospedal declararán como testigos del caso.