El juez interroga este jueves a los miembros de los CDR detenidos por presunto terrorismo y rebelión

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón interrogará este jueves a los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que están detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) por presuntos delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Este miércoles, varios de ellos reconocieron que tenían “el compromiso” de hacer algo, de “meter ruido para el 1 de octubre”, pero no concretaron dónde y cuándo exactamente querían hacerlo. Los detenidos, que llevan dos días en dependencias policiales, serán trasladados en furgón del Instituto Armado a la Audiencia Nacional. Allí, uno a uno irán pasando ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ante el que decidirán si contestan a sus preguntas o a las del fiscal Miguel Ángel Carballo, o si, de lo contrario, se acogen a su derecho a no declarar. De los siete detenidos, cinco están asesorados jurídicamente por abogados vinculados a la organización independentista Alerta Solidària y han optado por no declarar ante el Instituto Armado al estar secreta la causa y no conocer exactamente los indicios que los investigadores tienen contra ellos. Sin embargo, otros dos arrestados han decidido desmarcarse de esta estrategia de defensa y solicitar el asesoramiento de un abogado de oficio, según han informado fuentes jurídicas y de la investigación. Estos sí prestaron declaración el martes. En la operación desarrollada el pasado lunes en distintos puntos de la provincia de Barcelona, la Guardia Civil arrestó a un total de nueve personas, de entre 35 y 50 años y todos varones salvo una mujer, por integrar presuntamente un grupo vinculado a los CDR que planeaba acciones violentas. Finalmente, dejó en libertad a dos, a la espera de que sean citados por la Audiencia Nacional para ser interrogados. Además de las detenciones, los investigadores llevaron a cabo una decena de registros, en los que hallaron «abundante» documentación, entre otras cosas anotaciones sobre un cuartel de la Guardia Civil, edificios estatales e infraestructuras críticas, y sobre la fabricación de Goma 2, así como sustancias consideradas como precursores de explosivos como termina y TATP. Tanto el Ministerio del Interior como, luego, la Fiscalía de la Audiencia Nacional difundieron sendos comunicados en los que se relaciona a los nueve detenidos en Cataluña con material y sustancias «consideradas precursores para la confección de explosivos, susceptibles (a espera de confirmación por los especialistas) de ser empleadas en la fabricación de artefactos explosivos». El Ministerio Público añadió que la investigación se centra en la fabricación de explosivos para «ser utilizados contra objetivos seleccionados por un grupo de militantes de los CDR». De hecho, en el asunto de su comunicado hablaba de «neutralización acción y grupo terrorista de índole secesionista catalán». La Fiscalía llegaba a afirmar que los investigadores tenían la certeza de que las acciones violentas que habrían estado planeando los detenidos «se iban a perpetrar aprovechando el periodo comprendido entre el aniversario del referéndum ilegal del 1-O de 2017 y el anuncio de la sentencia del juicio del procés».

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Varios de los detenidos reconocieron este miércoles que "compraron y probaron" las sustancias explosivas para el 1-O

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