Condenada una funcionaria judicial por estafar al seguro con papeles del juzgado

Madrid

Una funcionaria de un juzgado de la localidad madrileña de Móstoles ha sido condenada a seis años y tres meses de prisión por estafar a su seguro haciendo montajes con documentos de las causas judiciales que ella misma tramitaba. Consiguió que el seguro le diera 800 euros por dos denuncias de robo falsas elaboradas a partir de documentación judicial y policial de su juzgado.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER esta funcionaria del cuerpo de gestión procesal usó documentación del juzgado de Móstoles en el que trabajaba para hacer tres denuncias sobre robos que no había padecido: uno en su coche en el centro comercial Xanadú, otro de un móvil de su hija y un tercero en su casa.

Actas, denuncias y atestados que confeccionó con montajes a partir de documentación a la que tenía acceso por su puesto en el juzgado o por denuncias presentadas anteriormente. El seguro que tenía con Mapfre picó las dos primeras veces, pagando en total 805 euros por los robos falsos y se dio cuenta del engaño en la tercera ocasión. La mujer hizo todo esto, según la Justicia, con un "ánimo de lucro inconstestable".

Unos montajes que ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha traducido en una condena de seis años, tres meses y cuatro días de prisión y multas que suman casi 8.000 euros por un dos delitos continuados de falsedad documental en concurso con otros dos de estafa. La sentencia, que según fuentes del caso ya ha sido recurrida por su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también le impide tener un cargo público durante cuatro años más.

Falsedad "de libro"

La resolución, con el magistrado David Cubero como ponente, reconoce que "una persona avezada" podría haberse dado cuenta de las falsificaciones, pero que el documento "ha sido escaneado, se ha hecho un montaje y la apariencia es de veracidad". De hecho, llega a afirmar la sentencia, en este caso "la falsedad, permítasenos la expresión, es de libro", apuntando a que falsificó documentos judiciales para crear unos nuevos "con los que engañar a la compañía de seguros".

La investigación destapó, según la documentación del caso, que el robo de un teléfono que denunció no sólo no se produjo sino que fue vendido en un Cash Converters por la acusada unos meses después de interponer la denuncia con documentación falsificada.