El gobierno de los jueces suspende a un magistrado por atascar su juzgado

Burgos

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este jueves la suspensión cautelar de un magistrado de Tarragona, que reivindica la "redacción manual" de las sentencias, por atascar su juzgado de familia apenas unos meses después de tomar posesión. El promotor ha puesto encima de la mesa una suspensión cautelar de seis meses, la máximo que permite la ley, además de la inocación de un expediente disciplinario, por dictar apenas 7 sentencias y 49 autos desde julio.

La situación de este juzgado de familia llegó a oídos del órgano de gobierno de los jueces después de una denuncia del Colegio de Abogados de la provincia: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya certificó que, desde la toma de posesión del magistrado Manuel Arce, la pendencia del juzgado en materia de familia había aumentado un 17% y el número de sentencias pendientes de dictar se multiplicó por cinco.

De esta manera, según el expediente que ha estudiado la Comisión Disciplinaria, el magistrado ha dictado 7 sentencias y 49 autos desde julio de este año hasta el 4 de noviembre. Tiene 101 asuntos pendientes de dictado de resolución: 83 a la espera de sentencia y 18 de auto en un juzgado que en 2019 tenía una carga de trabajo del 131% y, desde su llegada, un porcentaje de rendimiento del 28%.

La propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde, ha pasado por suspender cautelarmente al magistrado durante seis meses e incoar además un expediente disciplinario por farias faltas de retrasos e ignorancia inexcusable. "El daño que se causaría de prolongarse esta situación sería real y efectivo", dice Conde en su escrito, recordando que el magistrado ya ha sido sancionado en el pasado por "la comisión de faltas relacionadas con el retraso en la resolución de asuntos".

"Nada indica un cambio de conducta"

El Promotor muestra su preocupación en la petición de medidas cautelares que estudiará mañana la Comisión: "La continuidad del magistrado expedientado en su puesto puede perturbar el funcionamiento del servicio" y, además, "nada indica, o hacer esperar, un cambio de conducta", apuntando a una "práctica inactividad resolutoria en una materia tan sensible como es el derecho de familia". 

El expediente también recoge las alegaciones realizadas por el magistrado en el proceso de expediente - tras varios requerimientos - cargando contra el método de trabajo de los funcionarios de su juzgado, apelando además a la "redacción manual" de las resoluciones, llegando a preguntarse si él es "el único que actúa en el sentido apuntado".