Martes, 20 de Octubre de 2020

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Documentos internos del PP de Madrid desvelan que la caja b sirvió para financiar ilegalmente el partido desde 2003

Los nuevos papeles de Bárcenas, que publica este domingo el diario El País, remontan la caja b del partido, al menos, a las elecciones posteriores al 'tamayazo', cuando los diputados tránsfugas obliaron a una repetición electoral a la que el PP acudió dopado, según los documentos, y que le otorgó una mayoría absoluta

Imagen de la documentación interna del PP que muestra un desfase de 1,2 millones de euros entre la cantidad pagada por el partido en las elecciones de 2003 y la declarada al Tribunal de Cuentas.

Imagen de la documentación interna del PP que muestra un desfase de 1,2 millones de euros entre la cantidad pagada por el partido en las elecciones de 2003 y la declarada al Tribunal de Cuentas. / El País

El Partido Popular de Madrid se financió a través de una caja b, al menos desde el año 2003, acudiendo así dopado con ingresos extra fruto de la ilegalidad a las elecciones que ese año se repitieron con motivo del conocido como 'tamayazo'. Entonces, dos diputados del PSOE madrileño se ausentaro de la votación de investidura impidiendo que se formara un gobierno socialista, que contaba con mayoría de izquierdas en la cámara, y obligando una repetición electoral. Según los documentos que hoy publica en exclusiva el diario El País, a esa nueva cita con las urnas, la candidata Esperanza Aguirre acudió con el empuje extra de la caja b y obtuvo entonces una mayoría absoluta pasando de la oposición virtual a la que estba abocada al gobierno de la comunidad.

Los documentos, nuevos papeles de Luis Bárcenas, tesorero y gerente del PP nacional entre 1993 y 2009, reflejan que el PP madrileño ocultó gastos de la campaña del 2003 -la que se repitió tras el Tamayazo- al Tribunal de Cuentas, que recibió aportaciones ilegales de empresarios que conseguían después adjudicaciones públicas y sufragó mítines a través de fundaciones que no estaban facultadas para hacerlo según la ley.

Son cheques, extractos bancarios y otros documentos que muestran un exceso en el gasto que nunca se notificó al Tribunal de Cuentas. Los hechos a los que apuntan estos nuevos papeles de Bárcenas son muy similares a los que ya investiga la Justicia en la Trama Púnica, es decir, en las campañas electorales del PP madrileño entre 2007 y 2011. Pero estos nuevos datos apuntan a que las irregularidades, el dopaje electoral, ya venía de antes.

Por ejemplo, la contabilidad interna del PP para la campaña de Aguirre en 2003 cifraba los gastos en 3,4 millones de euros. El gasto declarado por el partido al Tribunal de Cuentas fue, sin embargo, de 2,2 millones. Se trata, atendiendo a estos documentos, de un delito de falsedad electoral, al mentir al órgano de control de las cuentas. En los documentos figura también el pago ilegal de mítines a través de las fundaciones Fundescam -Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid, creada por el PP en el año 2000 y con sede en Génova 13- y Faes -el laboratorio de ideas conservador que preside José María Aznar-.

Además, los papeles publicados por El País muestran la existencia de una caja b desde entonces, 2003, antes de lo investigado en la Púnica, que se nutría de cheques y aportaciones de empresarios a los que se recompensaba con adjudicaciones públicas. Esperanza Aguirre, imputada por el Caso Púnica, como sus sucesores al frente del Gobierno de la Comunidad, Cristina Cifuentes e Ignacio González, ha declarado al periódico que no sabe nada del asunto porque ella no llevaba las cuentas. "No conozco a ningún candidato que pregunte por el dinero con el que se financia la campaña. Eso lo llevaba el gerente del partido", ha dicho preguntada por El País. Aguirre era en 2003 la candidata del PP a la Comunidad y, desde 2006, la presidenta del partido.

Estos papeles son una nueva prueba de la existencia de una caja b en el PP desde el año 1989. Caja b que consideró acreditada el juez instructor de la Trama Gürtel, Pablo Ruz, y que quedó recogida en la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Fransisco Correa, Luis Bárcenas y otros dirigentes populares. La sentencia está ahora pendiente del recurso del PP al Tribunal Supremo, con el que pide su anulación.

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