Tribunales
Caso Púnica

Anticorrupción pedirá el procesamiento de Esperanza Aguirre en 2020

La Fiscalía sostiene que tanto las pruebas como los testimonios sitúan a la expresidenta madrileña en la "cúspide" de la financiación ilegal del PP en Madrid y pedirá que sea juzgada por falsedad electoral, malversación y prevaricación entre otros delitos

El Ministerio Público asevera que ya dispone de elementos "suficientes" para proponer su enjuiciamiento pero pide nueva documentación a distintas agencias de la Comunidad de Madrid y un análisis de las operaciones del Metro, en busca de la "pistola humeante" contra Aguirre

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre / Getty Images

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción solicitará en los próximos meses al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, el procesamiento de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Esperanza Aguirre, como principal responsable de la financiación ilícita de la formación conservadora entre 2004 y 2013, según fuentes de la investigación.

Las mismas fuentes aseguran que "tan solo con aplicar la doctrina Chaves", que ha permitido condenar al expresidente andaluz en el caso de los ERE a pesar de la inexistencia de pruebas directas contra él, es suficiente para proponer su enjuiciamiento.

Pero además, en el caso de Esperanza Aguirre hay "indicios sólidos y pruebas" para su procesamiento. En este sentido, las fuentes consultadas por la SER inciden en que fue Aguirre quien aprobó la normativa que dejó en manos de Ignacio González y Francisco Granados la gestión de la publicidad institucional, y que "gran parte de la misma sirvió para financiar las campañas de la propia Aguirre".

La expresidenta madrileña también estuvo presente en la reunión con el principal empresario de la financiación ilícita del PP madrileño, Daniel Horacio Mercado, en la que se acordó que distintas consejerías le contratarían para el polémico 1%, que también era utilizado para financiar al PP.

Además, presidió Fundescam, la fundación empleada por la formación conservadora para sufragar de forma ilícita actos electorales del partido.

Estas fuentes subrayan que la declaración de Aguirre del pasado 18 de octubre, lejos de despejar sospechas sobre estas claves que la involucran, sirvió para profundizar en ellas y "careció de crédito" su "pretendido desconocimiento" de la mecánica para el desvío del dinero, cuando en otras fases del interrogatorio demostró un conocimiento "profundo de cuestiones menores".

Los investigadores tampoco creen a Aguirre cuando asegura que jamás despachó con su gerente de siempre en el PP, Beltrán Gutiérrez, a quien le fue incautada la caja b regional.

Con todo, las fuentes consultadas admiten que aún carecen de la "pistola humeante", la prueba determinante y directa que "asegure una condena en un posible juicio". Por ello, han abierto nuevas líneas de investigación y han reclamado documentación a las agencias ICM e Imade de la Comunidad de Madrid. También intentan averiguar cómo se pagó la planta primera de la sede del PP en Génova 13, que ocupa la dirección madrileña del partido.

Además, según revelan fuentes del caso a la SER, la Intervención General del Estado acaba de aprobar la asignación de dos de sus técnicos y de otros dos del Ministerio de Fomento, para revisar las contrataciones de la empresa pública Mintra, sobre todo en las millonarias adjudicaciones del Metro de Madrid.

Las fuentes consultadas afirman que "en cada organismo público investigado" durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, han hallado "pruebas de corrupción" y citan como ejemplos los hospitales, las carreteras, la Ciudad de la Justicia, la obra pública a través de Arpegio, la construcción del Metro o también la edificación de viviendas.

 
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