Alberto Garzón, ministro antiabusos: los retos del nuevo Ministerio de Consumo

Ministerio de Consumo. Así se llama la flamante apuesta del gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE que tendrá como cabeza visible al coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. El objetivo: la defensa de los consumidores frente a cualesquiera problemas que tengan con las empresas, desde cláusulas abusivas hasta fraudes masivos. Algunas asociaciones piden la inclusión de la definición de “consumidor responsable” en la Ley de Defensa de los Consumidores, al tiempo que claman por una regulación inmediata sobre la publicidad del juego. Todavía queda determinar cuáles serán las competencias del futuro ministerio, pero en el acuerdo entre ambos partidos se especificaba, entre otras cosas, que las casas de apuestas no abrieran hasta las 22 horas. Crear una cartera exclusiva de Consumo significa dar relevancia a dos direcciones generales que hasta ahora estaban adscritas a Hacienda y Sanidad, la de Ordenación del Juego y la de Consumo, que a su vez tienen especificadas una gran cantidad de competencias. Desde la OCU consideran que es “buena noticia” la creación de este ministerio para dar “mayor impulso a las políticas de protección de los consumidores” y reiteran las peticiones que enviaron al gobierno en funciones. La OCU exige “que se prohíba la publicidad de las apuestas y el juego online, además de que se endurezcan los controles de acceso a las salas y se limite la proliferación de locales de juego”. Desde 1978, muchas de las competencias sobre apuestas están transferidas a las comunidades autónomas, aunque el Estado conserva la regulación de la lotería nacional, apuestas deportivas y sorteos de la ONCE. También solicitan que se eliminen los obstáculos que existen para el desarrollo de acciones colectivas en casos de fraudes masivos como los de iDental, Facebook o Volkswagen. El Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) ha afirmado, en declaraciones a varios medios, que espera que el futuro Ejecutivo regule la cantidad de spots, los mensajes y los horarios de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas, mientras que la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital) pedía «diálogo» de cara a la adopción de medidas. Por otra parte, Facua, una de las asociaciones de consumidores mayoritarias, pide una mayor protección para los usuarios mediante la aplicación “efectiva” del artículo 54 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores que “lleve a los tribunales a las empresas que cometan abusos”. En relación con esto, exigen que el futuro ministerio asuma competencias sancionadoras porque, tal y como pone en el artículo, a través del Instituto Nacional de Consumo pueden «ejercitar la acción de cesación» del abuso. Pero no es algo que el Gobierno haga con frecuencia. “No es de recibo que se tengan que abrir 17 expedientes sancionadores en todas las comunidades autónomas para poder sancionar prácticas ilícitas de las empresas”, ha dicho Rubén Sánchez, portavoz de Facua, en un vídeo difundido en Twitter. Según la organización, “los consumidores llevan décadas siendo víctimas de multitud de fraudes masivos que cometen con impunidad grandes empresas” desde el sector de las telecomunicaciones hasta bancos, aseguradoras, aerolíneas, etc. A nivel legal, para que una competencia exclusiva pase a ser compartida se necesita no solo la aceptación del Gobierno, sino también la de sus socios en el Congreso. La modificación de esta ley permitiría hacer cumplir a las empresas con sus obligaciones enunciadas, es decir, impedir que cobren precios superiores a los prometidos o introduzcan cláusulas abusivas. La OCU ve necesario “el endurecimiento de las sanciones en materia de consumo, que impidan que a las empresas les salga más barato pagar una multa que cumplir con la normativa”. Además, proponen “combatir la obsolescencia prematura”, mejorando la información sobre la vida útil de los productos. Esta asociación exige mejorar el etiquetado de los alimentos, reducir las listas de espera e impulsar un bono social. Garzón tendrá que luchar contra todo lo que las asociaciones de consumidores y usuarios han tachado de “abusos”: los de la banca a través de las cláusulas suelo fraudulentas, el precio imposible de algunas compañías telefónicas, la cambiante factura de la luz y la “imposibilidad” de ahorrar en los meses más costosos. También los ‘trucos’ de las compañías aéreas, como Ryanair, que empezó a cobrar por el equipaje de mano. Desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) reciben con buenos ojos la creación de este ministerio y piden la configuración de una agencia que se ocupe de los temas financieros, también que se aborden los abusos de la banca y los pisos turísticos. Fernando Móner, portavoz de la organización, ha pedido al futuro ministro que destine el presupuesto “que debe tener” el Consejo de Consumidores y Usuarios, el máximo órgano de representación institucional de las asociaciones y cooperativas de consumidores. Móner afirma, en declaraciones a la Cadena SER, que hablar de consumo significa “hablar de los hábitos de casi 50 millones de personas”. Reconoce que se tendrá que llevar a cabo una importante labor “interdepartamental” porque el consumo “afecta a casi todo”. Entre los temas que, según él, afectan de manera directa a los consumidores más vulnerables está “la publicidad del juego” y su afectación a los menores de edad, así como la publicidad “sobre ciertos alimentos”. Sobre los abusos de la banca, ha dicho que “es un mundo más complejo” y quizá se muestren más reacios (los bancos), pero después de la crisis de 2008 “no les queda otra” que acatar las decisiones de las autoridades. Con todo, asegura que la Confederación estará “atenta” de quién colabora y quién no, aunque confían en que “todos” estarán de acuerdo. Añade que la CEOE ha creado, por primera vez, un departamento de consumo lo que significa “buenas noticias”. Soria, director de SER Consumidor, se pregunta si se podrían haber evitado muchos de los fraudes masivos que hay en nuestro país con la creación previa de este ministerio. Uno de los retos más importantes es abordar la obesidad infantil en España. Según el estudio PASOS (Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth) un tercio de los niños españoles (el 35%) tiene sobrepeso u obesidad. También si definitivamente se suprimirán los obstáculos para las demandas contra grandes compañías. Según se dice, las aerolíneas podrían estar ahorrándose hasta 1.000 millones de euros al año porque los usuarios no encuentran la vía sencilla para pedir indemnizaciones cuando se cancela un vuelo u otras vicisitudes. Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Derecho de Consumo, opina en los micrófonos de SER Consumidor que «la llegada de un nuevo ministerio que además es de Consumo solo puede ser positiva» independientemente del color político que vaya a tener su cabeza visible. El político de Izquierda Unida, economista de profesión, tiene aparentemente el beneplácito de las asociaciones de consumidores que llevan años reclamando que se protejan «más y mejor» los derechos de los usuarios. El reto no será fácil, sobre todo por la amplitud de los problemas que, además, no solo afectan a las competencias de este futuro ministerio, sino transversalmente al resto. En programa de gobierno firmado entre Unidas Podemos y PSOE lleva varias propuestas relacionadas directa o indirectamente con el consumo. Quizá una de las más importantes es la modificación de la factura eléctrica, para que sea más baja haciendo que el coste de pagar los primeros kw/h sea inferior a los siguientes. También pretenden mejorar los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos para que «las sanciones sean proporcionales al perjuicio causado a las personas consumidoras», fomentarán el autoconsumo (petición insistente de las asociaciones ecologistas) y se comprometen a «regular los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía».

Alberto Garzón, ministro antiabusos: los retos del nuevo Ministerio de Consumo

Nace un nuevo Ministerio que estará en manos del coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, con importantes retos por delante que afectan directamente a los consumidores

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