El exsecretario de Estado de Seguridad se niega a declarar sobre la 'operación kitchen'
Francisco Martínez, número 2 en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, se acoge a su derecho a no declarar como imputado con la excusa de que el caso está bajo secreto y desconoce la causa. Martínez ha sido señalado por varios imputados de la policía política como la persona que autorizó los fondos reservados ilícitos para espiar a Bárcenas y desmontar la causa de la caja b en beneficio del PP
Francisco Martínez llega a la Audiencia Nacional. / Fernando Villar (EFE)
Madrid
El exsecretario de Estado de Seguridad en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, ha comparecido este viernes como imputado en la operación Kitchen, el operativo desarrollado durante 2013 y 2014 por la policía política de Fernández Díaz para espiar a Bárcenas y salvar al PP del caso de su caja b, con el uso ilícito de fondos reservados, que fue descubierta por la investigación al analizar los documentos incautados al excomisario Villarejo.
Martínez se ha acogido a su derecho a no declarar con el argumento de que la causa está secreta y no conoce los hechos que se le atribuyen. Francisco Martínez es el primer político imputado en la operación Kitchen y no es uno cualquiera. La secretaría de Estado de Seguridad que ocupaba es uno de los cargos más relevantes y sensibles en cualquier gobierno, porque es el corazón de la seguridad del Estado. De ese puesto dependen la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado o la coordinación policial nacional e internacional y tiene la llave de los fondos reservados.
Los fondos reservados están sometidos a “especial control” y su uso compete “en exclusiva” al ministro
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La ley 11/1995 que regula estos fondos es muy clara. Dice que deben estar dotados de un “especial sistema de justificación y control” y que solo pueden ser destinados a la “defensa y seguridad del Estado”. Algo que es obvio que en este caso no ocurrió, según las fuentes jurídicas consultadas.
La ley también establece que corresponde “exclusivamente” al ministro, en este caso Jorge Fernández Díaz, determinar la “finalidad y destino” de esos fondos, por lo que pretendían preguntar a Martínez si recibió órdenes al respecto.
El ministro debe informar al presidente y al Congreso sobre el uso de los fondos reservados
Además, la ley deja claro que el ministro debe informar “periódicamente” al presidente del Gobierno sobre el uso de estos fondos, y “semestralmente” a la comisión del Congreso sobre secretos oficiales. ¿Informó y en qué términos Fernández Díaz a Rajoy y a los diputados?, se preguntan estas fuentes.
Tras Francisco Martínez, esta mañana ha comparecido también el policía que propició su imputación, Enrique García Castaño, quien ha ratificado ante el juez Manuel García Castellón su anterior declaración en la que aseveró que “seguía órdenes” del secretario de Estado de Seguridad al llevar a cabo el operativo. Una operación que en contra de la opinión de los investigadores y de las pruebas recabadas hasta la fecha fue “legal” según García Castaño y destinada a hallar pruebas que involucraran a Bárcenas en los hechos. Unas supuestas pruebas que jamás llegaron al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investigaba la caja b del PP
