Los cien mil hijos de Vox

Madrid

Vox quiere (y cree que es muy posible) duplicar el número de sus militantes y que alcance las cien mil personas, cifra que en la historia española ha tenido gran importancia. Por ejemplo, no se puede olvidar que los cien mil hijos de San Luis fue un contingente formado soldados franceses y, en menor medida, por voluntarios españoles recibidos en España al grito de “Viva la Religión y la Inquisición” que se convirtieron en decisivos para el restablecimiento del poder absoluto encarnado en Fernando VII y la liquidación del Trienio Liberal.

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Lo ha anunciado quien es y seguirá siendo secretario general de la formación que esta mañana ha celebrado en Vistalegre (Madrid) su asamblea general en cuya sesión de mañana no ha participado Santiago Abascal a quien (vía nota de prensa) se anunciaba presidente reelecto aún sin haber sido proclamado en la citada reunión.

Lograr la cifra de cien mil afilados, que supondrían unos ingresos anuales mínimos de 10 millones ochocientos mil euros controlados directamente por Ortega Smith, es uno de sus objetivos confesados. El otro, alcanzar el gobierno para así “cambiar España”.

La reunión, planteada en buena medida como la convención de una gran empresa, ha supuesto la presentación de quienes han contribuido al trabajo entre bastidores y al éxito de la que se ha convertido en tercera fuerza política. Su lenguaje no ha dejado lugar a dudas. Se ha definido a los afiliados como usuarios cuya satisfacción y necesidades deben ser escuchadas; se ha abogado por la profesionalización de los voluntarios; por la captación y la formación de nuevo talento; por la existencia de planes estratégicos...

Se ha ahondado poco en la reestructuración regional del partido que, según fuentes parlamentarias del grupo, “sufre una crisis de crecimiento propia de una organización aún joven”. Es precisamente la organización regional la fuente de toda crítica a la dirección central por muchos de quienes estuvieron en la fundación del partido y que ahora se ven apartados.

Esto ha provocado un rosario de crisis regionales en toda España que se agudizaron con el nombramiento de siete coordinadores regionales encargados de “poner orden” en las organizaciones provinciales que se resistían a enviar sus fondos a las cuentas centralizadas en Madrid y a dejar paso a personas “nombradas a dedo y de la completa confianza de la organización madrileña”, controlada con mano férrea por Ortega Smith.

La reforma estatutaria propuesta (los críticos defienden que impuesta) agudiza el control centralista de las provincias y consagra el poder absoluto de Abascal y su directiva para imponer los cambios que crea necesarios sin consulta alguna con los afiliados.

A la definitiva entronización del poder de Santiago Abascal no han podido acudir los militantes porque la entrada ha sido restringida y solo se ha permitido el acceso a los cargos orgánicos e institucionales de Vox que han aplaudido con fervor las intervenciones. Ni una sola voz crítica ha sido permitida. De hecho, no ha podido entrar en Vistalegre quien se presentó como candidato alternativo, el médico canario Carmelo González.

El comité electoral le impidió presentarse a la elección porque aseguró que no había logrado reunir el número mínimo de avales requeridos (cerca de 5 mil). Ese comité no ha hecho público ni el número de los mismos que recogió ese candidato ni los que le han permitido a Santiago Abascal ser proclamado presidente del partido sin necesidad de someterse a la votación de la militancia. En realidad, la proclamación se da por sobrentendida porque a lo largo de la transmisión de la asamblea no se ha dado a conocer de manera pública.

La política, en los juzgados

La denuncia ante los tribunales es uno de los pilares de la manera de hacer política de Vox. Es más, saca pecho porque el partido de Abascal presume de ser el único “dique de contención contra quienes atacan la libertad de expresión”. Las cifras de su recurso a los juzgados son apabullantes. El año pasado, presentó 111 denuncias ante la fiscalía y los juzgados de instrucción, 19 querellas en el tribunal Supremo y 6 ante tribunales superiores de justicia y un procedimiento ante el Constitucional.

Tan convencidos están de que la política debe hacerse en los juzgados al sentirse el “ariete frente a los desmanes que se quieren imponer”, que quieren “consolidar sus equipos jurídicos provinciales y ampliar su red de colaboradores”.

Educación para ganar la batalla cultural

No es solo que en Vox crean que España “está atrapada por una única caja doctrinal que persigue la demolición de las ideas y que demoniza la religión para imponer sus credos”. Sucede lo mismo en el “resto del mundo occidental”

Y como consideran que “Vox es la reacción al adoctrinamiento” y al sentir que son “los rebeldes que rompen la caja”, han puesto en marcha un plan de formación para sus cargos públicos e institucionales que ha comenzado en el País Vasco y en Galicia. Pretenden con ello aunar la manera de transmitir un mensaje que sea uniforme.

Pero si la formación de los cargos que hacen política diaria es esencial para ganar la batalla cultural que plantea Vox, también forma parte de su estrategia la educación en las aulas al ser para ellos “la semilla del cambio”. No es de extrañar que sea ese uno de los asuntos irrenunciables en su no siempre fácil relación con el PP y Ciudadanos tanto en Andalucía, Murcia como en Madrid, donde los respectivos gobiernos regionales dependen de sus escaños.