El Gobierno toma medidas para evitar nuevos casos de abandono de mayores en las residencias

Madrid

El Gobierno da un paso más en el control de las residencias privadas de mayores después de que la ministra de Defensa haya denunciado que el Ejército ha encontrado en algunas de ellas a mayores fallecidos por coronavirus abandonados en sus habitaciones. En concreto según la orden publicada hoy en el BOE, las residencias tendrán que avisar a las autoridades si tienen problemas para la conservación o retirada de cadáveres.

Según esta nueva disposición de Sanidad, en los centros en los que haya enfermos por coronavirus, contagiados, o personas que han estado en contacto con el virus, un empleado público tomará el mando. Además, las comunidades autónomas podrán mover residentes, modificar la capacidad o convertir la residencia en un centro hospitalario.

Los responsables de estos centros están obligados a facilitar información “veraz” a las autoridades en cuanto a sus recursos y el número de residentes y enfermos. En concreto, tendrán que avisar de forma inmediata a la comunidad autónoma y la delegación del Gobierno si no pueden cumplir las pautas aprobadas el pasado sábado en cuanto a confinamiento y cuidados, si tienen problemas para la conservación y la retirada de cadáveres y cualquier otra situación que ponga en peligro a los residentes.

Se establece además que no pueden cerrar, reducir sus servicios o suspender contratos laborales, salvo que la comunidad autónoma en la que radiquen declare de forma explícita que su funcionamiento no es imprescindible.

A quienes incumplan las prohibiciones establecidas se les impondrán las multas de entre 600 y 30.000 euros incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa norma establece que es sanción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito”. En el caso de que la infracción sí se considere delito, se les aplicarán cárcel de uno a cuatro años, lo que marca el Código Penal para el atentado contra la autoridad, la resistencia y la desobediencia. En el caso de que quien incumpla sea una autoridad pública, se les puede cesar.