Una jueza investiga si hubo delito en permitir la manifestación del 8M en Madrid
La magistrada abre diligencias y pide información sobre el riesgo de las manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo
Expresa sus "serias dudas" sobre que los Delegados del Gobierno puedan ser acusados de prevaricación
Insta al denunciante a ir al Supremo si quiere denunciar también al Presidente del Gobierno
Madrid
Una jueza de Madrid investiga si las autoridades cometieron un delito al permitir grandes concentraciones en la capital a partir del 5 de marzo, entre ellas las que reunieron a más de cien mil personas en el centro de la ciudad el 8M. La magistrada expresa sus "serias dudas" pero pone diligencias en marcha para saber si el Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, no prohibió la manifestación a pesar de conocer supuestamente desde hace días un informe del Centro Europeo para el control y Prevención de Enfermedades (ECDC) alertando del peligro de expansión del coronavirus.
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La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que también investigó el conocido como 'caso Máster' de Cristina Cifuentes, ha admitido parcialmente la denuncia de Víctor Valladares: acepta investigar el papel del Delegado del Gobierno en Madrid pero no el del resto de representantes territoriales del ejecutivo o el Presidente del Gobierno. Para poder abrir esas causas recomienda al abogado que acuda al Tribunal Supremo y a cada juzgado territorial, rechazando por competencia abrir una causa general en Madrid.
Rodríguez-Medel ha puesto en marcha una serie de diligencias encaminadas a saber si la manifestación del 8M y otras grandes concentraciones de esos días supusieron un riesgo para la salud pública y si el ejecutivo pudo instar su prohibición a la vista del informe del ECDC de ese mismo dos de marzo.
La jueza expresa que los hechos, por ahora, no parecen "atípicos" aunque expresa sus "serias dudas" de que Franco pueda ser acusado de un delito de prevaricación y plantea una posible acusación de lesiones por imprudencia. En este segundo caso, para empezar, haría falta una denuncia de un perjudicado y no de un abogado en términos generales, además de explicar que la relación de causalidad parece ciertamente difícil de acreditar desde una perspectiva técnica".
Informe médico sobre el 8M
Antes de decidir si llama a declarar a José Manuel Franco la magistrada ha pedido dos informes. Por un lado solicita al médico forense que detalle si todas las grandes concentraciones celebradas en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas" y cuándo fue eso notorio. En ese caso, además, solicita que se plasmen los datos que apoyarían esa teoría "por ejemplo, desde un punto de vista de probabilidad estadística, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus covid-19".
También pide un informe a la Policía Judicial para que detalle el recorrido del informe del ECDC, si llegó a la Delegación del Gobierno de Madrid en algún momento, qué instrucciones recibió la Delegación y si fue advertida de los riesgos de permitir las concentraciones y si se suministraron medidas de prevención a los asistentes. Las diligencias, en cualquier caso, se consideran no urgentes por lo que su realización podría prolongarse hasta bastante después de la suspensión del estado de alarma que condiciona casi la totalidad de la actividad judicial de nuestro país.