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Lunes, 25 de Mayo de 2020

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El Gobierno aprueba ayudas a los autónomos, inquilinos, pymes y para proteger a los más vulnerables

Se trata de un decreto ley con 50 medidas propuestas por once ministerios que incluye un subsidio especial para empleadas de hogar y trabajadores temporales y ayudas al alquiler

El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros celebrado este martes en Madrid

El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros celebrado este martes en Madrid / Borja Puig de la Bellacasa (EFE)

El Gobierno ha aprobado un tercer paquete de medidas económicas para facilitar la viabilidad de pymes y autónomos y para proteger a colectivos más vulnerables frente al desempleo o a obligaciones financieras como la devolución de los créditos al consumo, además de prohibir los cortes de suministros. Se trata de un decreto ley con 50 medidas propuestas por once ministerios, que incluye subsidios de desempleo extraordinarios para las empleadas del hogar y los trabajadores temporales por terminación del contrato, así como moratorias en el pago de las cotizaciones sociales para autónomos y pymes. Además, el Ejecutivo ha dado luz verde a un paquete de ayudas para los afectados por la crisis del coronavirus que no puedan pagar el alquiler de su vivienda, entre ellas quitas del 50% si los arrendadores son grandes propietarios, microcréditos públicos a devolver hasta en diez años, la suspensión de los desahucios y la prórroga de contratos durante seis meses.

Asimismo, se amplía la moratoria del pago de hipotecas a locales y oficinas de autónomos, se aplazan tres meses los pagos de créditos al consumo, se da mayor protección a los inquilinos y se prohíben los cortes de suministros de luz, gas y agua mientras dure el estado de alarma, entre otras medidas. La norma prevé además la prórroga hasta un mes después del fin del estado de alarma de todas las medidas aprobadas hasta ahora por el Gobierno, si no tenían especificada otra duración.

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Son medidas para "reforzar el escudo social frente al coronavirus”, como ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, pero también para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad, según ha afirmado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Esta ha reconocido el impacto que sobre la economía tienen las restricciones adoptadas para frenar la epidemia, pero ha incidido en que no se pueden contraponer economía y salud, y que la prioridad es atajar un problema sanitario "que no es compatible con el buen funcionamiento de la economía".

Microcréditos para pagar el alquiler y quitas del 50%

El Gobierno aprueba un paquete de ayudas para los afectados por la crisis del coronavirus que no puedan pagar el alquiler de su vivienda, entre ellas quitas del 50% si los arrendadores son grandes propietarios, microcréditos públicos a devolver hasta en diez años, la suspensión de los desahucios y la prórroga de contratos durante seis meses. Las medidas sobre el alquiler aprobadas este martes por el Consejo de Ministros garantizan que los caseros cobren su renta, siempre que tengan menos de diez viviendas en el mercado; es fruto de una intensa negociación entre el ala de Unidas Podemos en el Gobierno y la del PSOE y costarán unos 700 millones de euros.

En la práctica pueden suponer una exención del pago para los miles de hogares más golpeados por la crisis y una congelación de la mensualidad durante al menos medio año para los contratos vigentes. Y es que Iglesias ha calculado que más de 500.000 familias podrán acogerse a ellas y ha mencionado expresamente a quienes queden en paro, a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y reducciones de jornada y a los autónomos que han visto reducidos sus ingresos.

El decreto distingue entre caseros que tienen menos de diez viviendas en el mercado (en torno al 85%) y "grandes tenedores", que son los que tienen más de diez, incluidos los fondos de inversión, entidades financieras, administraciones públicas y sociedades inmobiliarias y de gestión de activos. Los inquilinos de estos grandes tenedores podrán obtener una moratoria de cuatro meses para el pago de la renta a pagar en tres años o una quita del 50% de la mensualidad. Iglesias ha considerado "clave" esta distinción y ha garantizado que "todos los pequeños propietarios van a percibir íntegras sus rentas de alquiler", mientras que "los fondos buitre tendrán que arrimar el hombro". "No es lo mismo una pareja de jubilados que reciben una pensión baja y que la complementan con la renta de un piso o un local que han comprado tras toda una vida de trabajo que alguien que tenga quince o veinte viviendas alquiladas o un fondo buitre con miles de viviendas y locales", ha defendido.

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No obstante, arrendador y arrendatario deben llegar a un acuerdo y si no lo logran, estos últimos podrán pedir microcréditos para aplazar hasta seis mensualidades en un plazo de hasta seis años prorrogable cuatro más, como los inquilinos de los pequeños propietarios. Si los beneficiarios no pueden saldar la deuda, se hará cargo de ella el Estado, ha subrayado el vicepresidente.

El decreto considera inquilinos vulnerables a quienes queden en paro, incluidos en un ERTE o vean reducidos los ingresos a menos de tres veces el IPREM (unos 1.600 euros), con variables por hijos, mayores de 65 años y dependientes a cargo, siempre que el alquiler, más los gastos y suministros básicos, sea superior o igual al 35 % de los ingresos netos de la unidad familiar. La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, con ayudas de hasta 600 euros al mes, que pueden elevarse en casos justificados hasta 900 euros, más otros 200 euros para gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos.

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Ayudas para los autónomos

Para ayudar a autónomos y pymes se ha aprobado una moratoria de seis meses sin intereses ni recargos para el pago de las cotizaciones sociales correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, y el aplazamiento del pago de las deudas a la Seguridad Social hasta el 30 de junio de este año. De la cuota de marzo, ya abonada, se podrá solicitar la devolución correspondiente a los días no trabajados, mientras que la de abril se podrá aplazar a un interés del 0,5%.

La moratoria no será de aplicación para las empresas que hayan sido exoneradas de pagar cotizaciones sociales por sus trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor a causa del coronavirus. En caso de no tener derecho a la moratoria podrán solicitar el aplazamiento de sus cuotas, pero solo las de mayo y junio y también con un interés del 0,5%.

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Prestación de 440 euros para parados sin derechos

Para proteger a colectivos más vulnerables en una situación de desempleo se ha aprobado un subsidio extraordinario para empleadas del hogar que pierdan el empleo u horas de trabajo y que tiene carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria. La cuantía será el equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada y su cobro, compatible con el mantenimiento de otras actividades, sin que la suma de retribuciones pueda exceder el importe del salario mínimo (950 euros).

Asimismo, se establece un subsidio extraordinario único de 440€ para que las personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses, que se hubiese extinguido tras la declaración del estado de alarma, y que no alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo. Es incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico, al que podrán acogerse de forma excepcional las personas que se hayan visto afectadas por medidas de regulación de empleo de sus empresas o, en el caso de autónomos, haber cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75%

El Gobierno aprueba una prestación de 440 euros para parados que no tengan derechos por falta de cotización

Un subsidio extraordinario para las personas a las que "se les haga extinguido su contrato y no tengan el tiempo mínimo requerido para pedir la prestación por desempleo"

Pymes, trabajadores y autónomos afectados por el coronavirus también podrán acogerse al bono social eléctrico

Se facilita que se suspendan las facturas de electricidad y gas y que se puedan abonar en los seis meses posteriores al estado de alarma

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