Así persigue la Fiscalía los bulos: "No solamente tiene que haber un exceso en la libertad de expresión"

Madrid

La Fiscalía y la Guardia Civil investigan la difusión de bulos y noticias falsas y su posible derivada penal. En el caso del Ministerio Público los casos que llegan a sus manos se investigan "de una forma muy casuística, asunto a asunto, midiendo mucho" y teniendo en cuenta que "no solamente tiene que haber un exceso en el derecho a la libertad de expresión" sino también un delito, según explicó hace unos días Elvira Tejada, fiscal de sala de la Unidad de Criminalidad Informática.

Son afirmaciones realizadas en un coloquio organizado por el Colegi de l'Advocacía de Barcelona y su Comissió de Transformació Digital bajo el título "Cumplimiento normativo para la reactivación/cibercriminalidad y derecho a la veracidad". Explicó que en primer lugar se investiga si el comentario "se ha producido en esos términos y en qué contexto", añadiendo que "hay que analizar cada noticia en su contexto no podemos descontextualizar" y a partir de ahí afrontar un doble paso: valorar si se ha rebasado la libertad de expresión y si, además, se puede hablar de delito.

"Obviamente una noticia radicalmente falsa creada intencionadamente de forma ficticia difícilmente se puede acoger en el ámbito de la libertad de expresión", explicó pero asegurando que "el paso esencial" es comprobar si encaja en el Código Penal. "No solamente tiene que haber un exceso en el derecho a la libertad de expresión, además tiene que ser típico entendiendo estrictamente la aplicación el precepto. Una interpretación extensiva de la norma penal está proscrita", recuerda.

En otro momento de su alocución, Tejada se refirió también a "comentarios ofensivos, humillantes, calumniosos" sobre personas públicas estos días. "Hay que tener muchísimo cuidado, en ningún caso puede suponer una limitación en la libertad de expresión de los ciudadanos ni tampoco en el derecho a la crítica de la actuación política", explicó. Desde la Fiscalía se está investigando "de forma muy casuística, asunto a asunto, midiendo mucho si efectivamente ese comentario o esa expresión está cubierta por el derecho a la libertad de expresión o si hemos rebasado ese limite o nos hemos metido en una activida típica".

Cuando un bulo es delito

Hace díez día la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado elaboró un informe técnico en el que recogía el encaje penal que puede tener la difusión de uno de estos bulos, relatando hasta siete posibles delitos: desde un delito de odio por, por ejemplo, atribuir falsamente conductas delictivas a menores inmigrantes hasta injurias, calumnias o delitos contra la salud pública.

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En ese informe la secretaría técnica alertaba de que las noticias falsas "inundan actualmente las páginas de internet y las redes sociales, pudiendo llegar a generar confusión e incluso alterar la percepción de la realidad de los ciudadanos" y que "dependiendo de a qué se refieran y con qué intención sean difundidas pueden llegar a integrar muy diferentes tipos penales".

Polémica por las investigaciones

La persecución penal de la difusión de bulos y noticias falsas ha sido una de las grandes polémicas de las últimas semanas después de que el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, afirmase en rueda de prensa que perseguían "minimizar" las críticas a la gestión del ejecutivo, con una orden interna instando a las comandancias a perseguir estas noticias falsas "susceptibles de provocar estrés social y desafección a las instituciones del Gobierno".

La oposición no tardó en pedir explicaciones al ejecutivo e incluso Vox anuncio una querella acusando a Santiago y al Gobierno de buscar la censura en las redes sociales. Él mismo matizó sus palabras asegurando que la orden se refería a las "instituciones del Estado" y no sólo del Gobierno y que las investigaciones se llevan a cabo con "escrupuloso respeto" a la libertad de expresión.