La jueza del caso 8-M advirtió a Marlaska del deber de reserva de los agentes que trabajan para su juzgado

Madrid

La jueza que investiga el 8-M, Carmen Rodríguez Medel, escribió al ministerio de Interior el pasado 25 de mayo para informarle y recordarle del deber de reserva de los guardias civiles que trabajan para su juzgado ante la sospecha de que el cese de coronel Pérez de los Cobos pudiera haber sido acordado por no informar a sus superiores del desarrollo del caso. La magistrada advertía a los responsables de Interior que infringir el deber de reserva puede ser constitutivo de una actuación penal.

La jueza escribió a Interior ante la sospecha de que el cese del coronel Pérez de los Cobos pudiera estar de la negativa de este mando de la Guardia Civil de no informar a los responsables de interior sobre el desarrollo de las investigaciones de la manifestación del 8 de marzo.

Deber de reserva

La juez recordó al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que la Guardia Civil tiene orden expresa desde el primer día, al actuar como Policía Judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas, así como "de todas las informaciones" que a través de ella obtengan, de modo que "sólo se informará a esta magistrada-jueza".

La magistrada, sin mencionarlo expresamente en su carta a Interior pero ante la sospecha de un intento de injerencia del poder político en el judicial, según reconocen fuentes jurídicas, advirtió que "la infracción de este deber de reserva será corregida disciplinariamente sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran dar lugar, entre ellas, las responsabilidades penales".

La jueza señaló entonces que no le constaba que el cese se hubiera producido porque Pérez de los Cobos " se negó a informar a sus superiores" pero advirtió nítidamente que "podría dar lugar a la correspondiente investigación" por el juzgado en caso de que así fuera.

Sin notas de prensa

La magistrada también recordó a Interior que cualquier nota de prensa que se quisiera hacer pública "debería contar previamente" con su autorización y que sería ella quien decidiría "no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido".