La Guardia Civil concluye, sin pruebas, que el Gobierno ya conocía en enero "el alcance real" de la epidemia

Madrid

Los dos oficiales de la Guardia Civil que ejercen como policía judicial a las órdenes de la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid entregaron este lunes un segundo informe sobre el efecto de la manifestación del 8-M en el contagio del coronavirus.

Un documento en principio elaborado para determinar si la delegación del Gobierno en Madrid tenía o no motivos para suspender la manifestación del 8-M, pero que se centra e intenta justificar, en ocasiones con errores y datos descontextualizados o manipulados, que el Gobierno central, y es literal según el informe, "conocía desde enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus", y nada hizo para impedir las marchas, que "pudieron ser", a juicio de los agentes, foco de contagio masivo.

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Para llegar a la conclusión de que el Gobierno conocía el alcance real de la epidemia, utiliza una rueda de prensa del ministro Pedro Duque, en la que dijo que desde enero los investigadores españoles trabajaba "de forma intensa" en el problema.

O vuelve a emplear de forma genérica, las recomendaciones de aislamiento que eran solo para las personas que hubieran estado en contacto con infectados.

También intenta demostrar que los funcionarios de la delegación del gobierno en Madrid conocían la gravedad de la situación cuando intentaron desconovocar varias manifestaciones vía telefónica. En sus conclusiones obvian un matiz importante que estos trabajadores declaran ante los propios guardias: que esas llamadas se produjeron a partir del 9 de marzo, cuando la situación ya había cambiado y el Gobierno preparaba el Estado de Alarma.

El informe también recoge multitud de informaciones periodísticas remitidas como fuente de prueba a la juez, sin investigar cada una de ellas, en contra del proceder habitual de estos informes policiales. Entre esas informaciones, el vídeo del off de récord de Irene Montero. Se da la circunstancia de que el capitán y teniente de la Comandancia de Madrid instructores del informe, remiten a la juez estas informaciones periodísticas "con la finalidad de plasmar, en cada momento, la concienciación social sobre la crisis sanitaria existente en España con anterioridad al día 15 de marzo de 2020", y casi todas las noticias reflejadas fueron publicadas en ese intervalo temporal excepto el off de Montero, avanzado por el diario ABC el 1 de junio, el mismo día en que fue presentado este informe a la juez.

El informe corrige varios de los errores incluidos en el anterior documento, como que la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de una pandemia el 11 de marzo y no el 30 de enero como sostenían los agentes en su primer relato, o que el director de este organismo no afirmó hasta el 13 de marzo que Europa era el nuevo epicentro de la enfermedad, cuando en el primer informe se la atribuyeron el 30 de enero.

 El informe asevera también que en enero de 2020 ya se establecieron controles de pasajeros, cuando no fueron fijados hasta el 11 de marzo en aeropuertos y el 16 en carreteras. Además, los dos instructores subrayan que el 12 de marzo la tasa de contagios en España era "exponencial", pero según los datos de Sanidad en ese momento la tasa de contagios era del 0.3%.

Sin embargo, el documento policial no corrige distintas aseveraciones contenidas en su primer informe que se han demostrado falsas, como que la OMS ya recomendó el 29 de enero "el uso de mascarilla en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en los centros de salud". Esa recomendación se refería a las "áreas afectadas" y en aquella fecha, España no estaba considerada como tal, pero el informe de la Guardia Civil omite esta última consideración.

La Guardia Civil también omitió en su primer informe y ahora no corrige que en esa guía que publicó el 29 de enero, la OMS no recomiendo el uso de mascarillas para personas sanas porque -es literal- "no hay evidencia de su utilidad para proteger a personas que no estén enfermas". Además, la OMS añadía que "el uso de mascarillas cuando no son necesarias puede provocar una falsa sensación de seguridad" y llevar a los ciudadanos a abandonar "otras prácticas esenciales como la higiene de manos".