El Supremo sentencia que el PP era "el nexo común" de la actividad corrupta de la trama Gürtel
El Supremo reitera que, en este proceso, el PP no delinquió y no estaba acusado penalmente
Los hechos probados del Supremo reflejan el flujo de dinero negro en el seno del partido pero reitera que no se puede acusar al PP, reprochando a la Audiencia Nacional sus alusiones a este asunto
La Audiencia Nacional todavía tiene pendiente enjuiciar la 'caja B' del Partido Popular en una pieza autónoma
La sede del PP en Madrid en una imagen de archivo / EFE
Madrid
El Tribunal Supremo considera que hay pruebas de la existencia de una caja de dinero negro en el Partido Popular, pero reprocha a la Audiencia Nacional que lo plantease en términos incriminatorios para el partido cuando no fue acusado penalmente. Es lo que se desprende de la sentencia dictada este miércoles sobre el caso Gürtel, confirmando la condena del PP a título lucrativo por beneficiarse de la trama y sin descartar que existiera una 'caja B' que todavía está por juzgar. El PP, en cualquier caso, era "el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones".
Más información
Los jueces explican que la Audiencia Nacional no se inventó la 'caja B'. Según el Supremo, "contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir tanto la existencia de una «Caja B», o contabilidad «extracontable», del PP" que controlaba Luis Bárcenas. Lo explican contestando al recurso del extesorero y su esposa, condenados entre otras cosas por sacar 149.600 euros de la caja para comprar acciones de Libertad Digital.
El Tribunal Supremo, por tanto, no descarta en su sentencia que existiera una 'caja B' en el Partido Popular para atender los compromisos corruptos de la trama, pero sí afea a la Audiencia Nacional que se refiriese a ella en términos casi punibles para el partido cuando nunca fue acusado por la vía penal. "La contradicción en la que entra la sentencia es evidente, considerar que el Partido Popular era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales".
El Supremo es contundente al afirmar que "no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular, cuando esta posibilidad de que fuera destinatario de sobornos no fue objeto de acusación". Al ser considerado partícipe a título lucrativo, añaden, implica que no sabía que el dinero que tenía procedía de un delito: "Si a alguien le ingresan en su cuenta corriente, aun sin saberlo, una cantidad de dinero que proviene de un ilícito penal, ha de devolverlo. Así de sencillo. Aunque no se hubiera enterado de nada".
"El nexo común"
La sentencia del Supremo subraya en varias ocasiones la inocencia del Partido Popular en este proceso, e incluso que podrían haber evitado figurar en la sentencia si hubieran entregado esos 245.000 euros. "En definitiva, efectivamente no es dable afirmar que el Partido Popular delinquiera, cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este proceso".
Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. / EUROPA PRESS - Archivo
El motivo del PP se estima en cuanto a estas referenciaspero es algo que "carece de eféctos prácticos" y el tribunal recuerda que la alusión a su papel y su caja B era necesaria: era precisamente "el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados".
La 'caja B' en la Audiencia Nacional
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo mes de febrero si la sede nacional del Partido Popular, ubicada en el número 13 de la madrileña calle Génova, se pagó con fondos procedentes de la caja b del PP y serán enjuiciados los posibles delitos fiscales por no declarar el dinero. En el banquillo se sentarán, entre otros, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, o el arquitecto que reformó la sede, Gonzalo Urquijo, mientras que el Partido Popular es considerado responsable civil subsidiario.
Por su parte, el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, mantiene abierta la investigación por la pieza separada de los empresarios supuestamente donantes de fondos a la caja negra del partido, y en este sentido, permanecen imputadas más de 20 personas, que según la contabilidad paralela manuscrita por Bárcenas, abonaron al PP algo más de 7.5 millones de euros entre 1990 y 2008. El juez trata de averiguar si los donantes de fondos recibieron obra pública a cambio de sus pagos y por tanto, la existencia de un delito de cohecho.
